El Gobierno de Canarias acuerda presentar una queja ante la Comisión Europea por las autorizaciones a Repsol
Al tiempo de formular la presente denuncia ante la Comisión Europea , el Ejecutivo de Canarias se encuentra procesalmente en el trámite de formalizar demanda ante el Tribunal Supremo
El Consejo de Gobierno acordó hoy presentar una queja ante
Mediante ese Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, se procedió a convalidar el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos situados en el océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
El citado texto tiene como fin el otorgamiento efectivo de un conjunto de permisos de investigación extractiva de hidrocarburos a través de la modificación del Programa de investigación. La causa de esta modificación es la anulación de dicho Programa de investigación por el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de febrero de 2004 contenida en los apartados c) y d) del art. 2 del Real Decreto 1462/2001.
La superficie total de los nueve permisos de investigación Canarias-
Durante el trámite de audiencia, se realizaron alegaciones por parte del Gobierno de Canarias en las que se manifestaba el rechazo frente al acto administrativo convalidatorio de los permisos de investigación de hidrocarburos que habían sido anulados por sentencia firme del Tribunal Supremo.
Estas alegaciones no han merecido respuesta por parte del Gobierno de España.
Al tiempo de formular la presente denuncia ante
La modificación del Programa de investigación y sus compromisos que lleva a cabo el Real Decreto 547/2012 tiene un triple resultado: amplía las facultades de los titulares de los permisos de investigación otorgados por el Real Decreto 1462/2001; flexibiliza sus compromisos; e introduce condicionantes de protección medioambiental.
El Real Decreto no fue sometido a
El no sometimiento a
Dicho incumplimiento no desaparece ni se subsana por la posibilidad de futuras evaluaciones medioambientales, como argumento el Gobierno español, ya que las evaluaciones exigidas por
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