Fuerteventura denuncia que Industria fuerza la Ley de Hidrocarburos para facilitar a Repsol las perforaciones petrolíferas
El presidente del Cabildo majorero, Mario Cabrera, denuncia campañas mediáticas desde Madrid para descalificar la oposición de Canarias
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, asegura en un comunicado que el Ministerio de Industria del Gobierno de España, que dirige José Manuel Soria, "ha forzado administrativamente el procedimiento para adjudicar los permisos de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote".
“Tramitan en un solo expediente y con un solo Real Decreto lo que en realidad deberían ser nueve expedientes distintos y nueve autorizaciones distintas, con nueve procedimientos administrativos, de consulta y de informes distintos", afirma. Para Cabrera, esto se resume en "facilidades para la multinacional petrolera, que recordemos tiene ex altos cargos en
Cabrera recuerda que el Real Decreto por el que el Gobierno de España autoriza las prospecciones petrolíferas a Repsol y sus socias multinacionales afecta a un total de
"Sin embargo, toda la legislación estatal establece un máximo de concesión de prospecciones sobre
Cabrera recuerda que “hay experiencias recientes sobre casos similares que demuestran que es una irregularidad más y que justifica que los tribunales suspendan este proceso. Va a ser un argumento más para acabar con esta autorización que Canarias no quiere”.
En este sentido,
Por tanto, para el presidente del Cabildo, en ninguna de las herramientas normativas de aplicación se permiten hacer concesiones a un solo beneficiario de más de
"Se tramita todo junto, en el mismo expediente y con el mismo Real Decreto y se adjudican a la misma multinacional. Por mucho que lo disfracen con un barniz administrativo, los tribunales ya han actuado contundentemente contra este tipo de acciones”, explicó.
Proceso viciado
Cabrera recordó que todo el proceso administrativo y político “tiene graves defectos de forma, de contenido, de caducidad, de incidencia ambiental y hasta de respeto a la opinión democrática de Canarias.
"Un Gobierno, por muy central que sea, no puede bajar la cabeza ante una multinacional y obviar la opinión unánime de todas las instituciones democráticas de las dos islas orientales y del propio Ejecutivo regional”, explica.
Por ello, insiste en que "hay que parar esto como sea", pues "hay que aprender de los errores". "No lo decimos nosotros. Lo dicen todos los ayuntamientos de las dos islas orientales. Lo dicen los dos Cabildos, lo dicen el Parlamento de Canarias, lo dice el Gobierno de Canarias y lo dice el pueblo de Canarias que de forma multitudinaria salió a la calle el 24 de marzo en la que ha sido la mayor manifestación de nuestra historia”, concluye.