HAY QUE ADAPTAR EL PLAN HIDROLÓGICO A LA REALIDAD JURÍDICA

La reciente sentencia del TSJC, que tumba parte del Plan Hidrológico de Lanzarote, debe verse como una oportunidad para adaptar la norma a la realidad jurídica y garantizar el buen funcionamiento del ciclo del agua en la isla.  En lugar de perder el tiempo dándole vueltas a lo que fue y ya no puede ser, parece más lógico estudiar la situación para ver, con tiempo, qué se puede hacer para que el uso de esas desaladoras privadas de autoconsumo renten lo suficiente como para que no se ponga en riesgo el equilibrio del ciclo y garantizar el suministro de agua doméstica al precio más bajo posible. En definitiva, gestionar es eso: buscar la mejor respuesta, dentro de la restricción jurídica, a los problemas que se presentan. Lo otro no es sino marear la perdiz y arriesgarse a resultados mucho peores. Además, el Lanzarote actual, con más de 140.000 residentes y más de 2 millones de turistas ya tiene poco que ver con la masa poblacional y económica de los años ochenta e inicios de los noventa, época en la que se sustentó el actual régimen de explotación y comercialización de agua desalada.