Transición Ecológica impulsa la primera regulación propia de vertidos al mar para poner solución a una problemática histórica del archipiélago

La iniciativa, actualmente en fase de consulta pública hasta el próximo 30 de junio, permitirá reforzar la protección ambiental del litoral de una forma ágil

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, trabaja en la elaboración del primer decreto autonómico que regulará los vertidos desde tierra al mar en el archipiélago, una herramienta normativa que permitirá reforzar la protección de los ecosistemas marinos, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y dotar de mayor seguridad jurídica a administraciones, empresas y ciudadanía.

El proyecto normativo se encuentra actualmente en fase de consulta pública, un proceso abierto a la participación de la ciudadanía, entidades y organizaciones interesadas hasta el próximo 30 de junio a través del portal de participación del Gobierno de Canarias.

La elaboración de este decreto responde a la necesidad de dar solución a una problemática que Canarias arrastra desde hace años por no contar con un marco normativo propio que permita afrontar con mayores garantías la gestión de los vertidos al mar. Hasta ahora, el archipiélago disponía únicamente de normativa estatal general y de documentos orientativos sin carácter vinculante, una situación que generaba dificultades administrativas y una falta de homogeneidad en los procedimientos.

El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, destacó que esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta que la Consejería ha puesto en marcha para avanzar en la protección efectiva del medio marino. "Canarias lleva demasiado tiempo conviviendo con una realidad que requiere soluciones decididas y planificación. Nuestro objetivo es claro: queremos que nuestras costas y nuestros entornos marinos gocen de buena salud y dispongan de las herramientas necesarias para garantizar su conservación y recuperación", señaló.

Montañés recordó que el pasado año la Consejería presentó la actualización del censo de vertidos de Canarias, un trabajo que permitió disponer por primera vez de una radiografía actualizada de la situación existente en el archipiélago.

"La actualización del censo fue un paso imprescindible para conocer con precisión el punto de partida. Desde entonces hemos seguido trabajando de manera constante para mejorar esta situación y este decreto es una muestra más de ese compromiso. Estamos actuando sobre el problema desde todos los ámbitos: mejorando el conocimiento, reforzando la planificación y dotándonos de nuevas herramientas normativas", afirmó.

Además, destacó que la futura norma permitirá contar por primera vez con un procedimiento autonómico específico para la solicitud, tramitación y concesión de autorizaciones de vertido, definiendo de manera homogénea los límites de emisión, los mecanismos de control y seguimiento y las condiciones que deberán cumplir las autorizaciones.

"Estamos trabajando sin descanso para mejorar la calidad ambiental de nuestras aguas costeras y para ofrecer una respuesta eficaz a una cuestión que preocupa a la ciudadanía y a las administraciones desde hace muchos años. Este decreto aportará mayor claridad, simplificará los procedimientos y reforzará las garantías de protección ambiental", aseguró.

Montañés añadió que la nueva regulación permitirá mejorar la coordinación administrativa y facilitará el seguimiento de los vertidos autorizados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas y de conservación de los ecosistemas marinos. Asimismo, señaló la apuesta de la Dirección General por la formación de los canarios en esta materia, recordando las microcredenciales impulsadas recientemente en colaboración con la Universidad de La Laguna.

El decreto en detalle

Entre los principales objetivos del decreto se encuentran la creación de un procedimiento autonómico para la concesión de autorizaciones de vertido, el canon de vertido, la regulación de su contenido y condiciones de control, el establecimiento de valores máximos homogéneos para todo el archipiélago, la creación de un registro público de autorizaciones y la integración de estos procedimientos con las concesiones vinculadas al dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, la norma regulará los plazos y condiciones de revisión, renovación, caducidad y extinción de las autorizaciones, establecerá un régimen transitorio para adaptar las existentes y contribuirá a simplificar tanto los procedimientos de autorización como las labores de seguimiento e inspección.

Con esta iniciativa, la Consejería de Transición Ecológica y Energía continúa avanzando en su compromiso de mejorar la situación de las aguas litorales de Canarias, proteger uno de los principales patrimonios naturales del archipiélago y ofrecer soluciones duraderas a una problemática que requiere planificación, formación, coordinación institucional y trabajo continuado.