La consejera de Hacienda expone las líneas generales de los presupuestos de 2027 ante el Parlamento

El Gobierno de Canarias contará el próximo año con 13.209 millones de euros, lo que supone un incremento de 717,6 millones

Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda se han reforzado con un incremento presupuestario inicial de 970 millones de euros.

El incremento salarial de los trabajadores públicos pactado por el Gobierno de España con los sindicatos y la desaparición de los fondos MRR determinan los presupuestos del próximo ejercicio

Se mantiene la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF para adaptarla a la evolución del IPC y aliviar la presión fiscal de las familias

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha expuesto las líneas generales del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027, durante el debate de primera lectura celebrado esta mañana en la cámara regional.

Matilde Asián ha iniciado su exposición agradeciendo al equipo de la Consejería de Hacienda, representados en el viceconsejero Gabriel Megías y el director general de Planificación Presupuesto, Máximo Bautista, por el sobreesfuerzo que supone elaborar unos presupuestos en una situación de incertidumbre incrementada desde el principio de la legislatura. A la falta de Presupuestos Generales del Estado en estos cuatro años, se añade que no existe el Plan Anual Presupuestario comprometido con la Unión Europea, y que se han convocado elecciones generales.

Ante el desconocimiento de los objetivos de estabilidad y deuda, el presupuesto se ha elaborado con un objetivo de déficit del -0,1% sobre el PIB, que coincide con el fijado para el conjunto de las comunidades autónomas en los acuerdos del Consejo de Ministros. Asimismo, al no haberse traspuesto a la normativa nacional el nuevo marco fiscal europeo vigente desde abril de 2024, el "Informe de Situación de la Economía Española 2026" fija la tasa de referencia que determina el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto en un 4% para 2027. Sin embargo, el Reino de España sí utiliza esta normativa europea, mucho más laxa, en sus relaciones con las instituciones europeas. 

A nivel nacional, la convocatoria de elecciones para el próximo mes de noviembre mantiene la situación de prórroga presupuestaria desde 2024, que obliga al Gobierno de Canarias a reflejar en las cuentas solo las partidas recurrentes o ya previamente acordadas con Madrid (de las prorrogadas inicialmente ya han desaparecido más del 20%).

Principales magnitudes

El objetivo del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGCAC) es fortalecer el escudo social de los ciudadanos, especialmente en las áreas de Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda. Para ello, la consejera se ha referido a las principales magnitudes del presupuesto que cuenta con una cifra total de 13.209 millones de euros, lo que supone un incremento de 717,6 millones, un 5,7% de crecimiento porcentual respecto al ejercicio en vigor si se incluyen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El incremento asciende hasta los 1.161 millones de euros, si se descuenta el efecto de esta financiación adicional.  Respecto a la deuda, ascienda a 6.727 millones de euros, un 9,73% del PIB, muy por debajo del 13% permitido.

Los ingresos no financieros se incrementan un 8,5% mientras que la regla del gasto se sitúa en el 4%, lo que supone que la comunidad autónoma no pueda gastar en el bienestar de todos los canarios lo que ingresa. La inflación en Canarias se sitúa en el 3,1%, por debajo de la media española, que es del 4%.

En cuanto a las magnitudes macroeconómicas en las que se basa el Gobierno de Canarias para la elaboración del presupuesto, la comunidad autónoma estima un crecimiento del PIB del 1,1%, al estimar una pérdida de fuerza en el impulso económico de la comunidad autónoma. Respecto al empleo, se prevé una tasa de paro del 12,4%.

Condicionantes para la elaboración de los presupuestos

Como detalló la consejera ante los diputados, el presupuesto de 2027 viene muy determinado por el refuerzo de la acción social y dos cuestiones externas: el incremento salarial de los empleados públicos pactado entre el Gobierno de España y los sindicatos, y la desaparición de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En cuanto a estas dos cuestiones externas, en la vertiente de gastos, este incremento retributivo acordado a nivel estatal es del 4,5%, con una variable adicional de 0,5% según la evolución del IPC. Esta circunstancia supone, junto al refuerzo del personal de áreas prioritarias como sanidad o educación, otros 500 millones para la comunidad autónoma, y que el gasto del capítulo I se eleve hasta el 42% del presupuesto total. Como bien ha apuntado la consejera, la comunidad autónoma no ha participado de esta negociación ni existe compromiso alguno por parte del Gobierno de España de transferencias para cubrir esta cantidad.

Respecto a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), hay que decir que su desaparición condiciona significativamente la comparación con el presupuesto inicial de 2026 respecto al inicial de 2027, en el que desaparecen casi 500 millones de euros de créditos para acciones por el MRR. Únicamente se mantienen en Vivienda y Servicios Sociales, por un importe de 49,5 millones de euros, que son las únicas áreas prorrogadas. Respecto al resto, el Estado no ha trasladado un criterio claro de reintegro de los recursos no aplicados en aquellos supuestos en que se ha cumplido con los hitos y objetivos, lo que puede afectar significativamente al cumplimiento de las reglas fiscales.

970 millones de incremento en políticas sociales

En lo que se refiere al presupuesto, el primer condicionante es el refuerzo de la acción social. Por este motivo, las actuaciones de relevancia social como Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda canalizan casi el 83,3% del crecimiento total del presupuesto, descontando el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Esto significa que los servicios públicos de carácter básico se han reforzado con un incremento presupuestario inicial de 970 millones de euros.

Del porcentaje restante, los intereses de la deuda pública y la actualización de las competencias transferidas a los cabildos y ayuntamientos (Fondo Canario de Financiación Municipal) representa un 10%, lo que significa que el gasto no asociado a la presentación de servicios públicos, apenas supone el 6,7% del crecimiento presupuestario total, es decir, 78 millones. 

El esfuerzo en estas áreas prioritarias se desglosa en un aumento de 429,8 millones de euros para Sanidad, un incremento porcentual de 9,1%, lo que supone que se superen, primera vez, los 5.000 millones de euros en esta área. A Educación, el presupuesto destina 260 millones más, lo que supone un incremento porcentual del 10,2% y 2.500 millones de presupuesto.

El presupuesto para Acción Social aumenta 201,5 millones (24,4%) hasta superar los 1.000 millones de euros; mientras que el incremento en Justicia y Seguridad es de un 15,2%, es decir, 41,9 millones de euros. Por su parte, para el acceso a la vivienda, el presupuesto contempla 37,1 millones de euros más, es decir, un incremento del 22,8%.

Destino por políticas

Respecto análisis por finalidad del gasto, se observan crecimientos por encima del crecimiento global del 5,7% en las políticas de Servicios Públicos básicos (12,4%), Producción y promoción de Bienes y Servicios sociales (10,2%) y Otras políticas (6,4%). Esto se debe al impacto de los órganos legislativos y las aportaciones a corporaciones locales (6,2%). Por el contrario, las caídas en las políticas de Desarrollo de los Sectores Productivos (42,6%) y Actuaciones sobre el Territorio (9%) se justifican en su totalidad por el efecto de los MRR.

Es decir, descontando el efecto del MRR, se da un crecimiento generalizado en todas las políticas, experimentándose los mayores en Servicios Públicos Básicos (15,2%), Producción y Promoción de Bienes y Servicios Sociales (10,8%) y Actuaciones sobre el Territorio (7,7%). Destacar el incremento en vivienda del 22,8% de recursos propios.

Ingresos

En cuanto a los ingresos, el incremento viene sustentado, principalmente, por los recursos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y, en menor medida, por los tributos propios y el bloque REF.

De estos ingresos, más del 70% corresponden al Sistema de Financiación Autonómica, cuya estimación para el presupuesto de 2027 ascienda a, prácticamente, 8.900 millones de euros. Otros 1.806 millones vienen a través del bloque del REF, mientras que, por tributos cedidos, lo hacen 689 millones de euros.

Las transferencias corrientes también aumentan por la inclusión, en la previsión inicial, de los fondos estatales derivados de la Ley de dependencia y de la subvención para la gratuidad del transporte público.

Medidas fiscales y tributarias

En relación a la política fiscal, el principal objetivo del Gobierno es proteger la renta disponible de los ciudadanos, una vez los servicios sociales están perfectamente financiados, de ahí que se vuelva a deflactar la tarifa autonómica del IRPF aplicable a la base liquidable general para adaptarla a la evolución del IPC. De esta manera se evita que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación, puedan repercutir negativamente en las familias y se traduzcan en una mayor presión fiscal. En palabras de la consejera, el objetivo es garantizar el mismo poder adquisitivo a los ciudadanos.

Respecto al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se amplía el tipo cero en este impuesto a las prestaciones de servicios de alojamiento y alimentación prestadas por colegios mayores o menores y residencias de estudiantes. Esta medida busca equiparar las oportunidades de todos los estudiantes canarios, independientemente de su lugar de residencia y si necesitan trasladarse para realizar sus estudios.

También se prorroga la tributación excepcional y temporal de la importación y entrega de determinados bienes destinados a la actividad ganadera; así como la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo que se mantiene el mes de enero de 2027. A partir de febrero, esta bonificación se irá actualizando para ajustarla a la diferencia real de los precios de los combustibles en las islas no capitalinas frente a las capitalinas.

En cuanto a la Ley del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias, se regulan los límites a las exenciones y se incrementan los tipos impositivos de las modalidades para convergen con los tipos de Península, Baleares y la Unión Europea. Se fijan también los precios de referencia para la aplicación de los tipos incrementados a las nuevas modalidades.

Tesorería

La consejera se refirió al trabajo de la dirección general de Tesoro y Política Financiera, cuya política de endeudamiento ha permitido sortear de manera adecuada la subida constante de los tipos de interés. También se refirió a la credibilidad crediticia de Canarias, a quien la agencia de Standard & Poor's ha otorgado la máxima calificación de A+ estable, por la confianza en la capacidad financiera de la comunidad autónoma.

Antes de la votación final, en la que han sido rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox, Nueva Canarias y Partido Socialista, la consejera ha querido agradecer a los grupos que apoyan al gobierno y a los enmendantes, por su trabajo.

 Sus últimas palabras han sido de tranquilidad a los ciudadanos porque, tal y como acredita la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las cuentas de la comunidad autónoma están saneadas hasta el año 2.031.

 Sin embargo, también advirtió del incumplimiento de España con la Unión Europea, y animó a todos los grupos a estar vigilantes ante esa preocupación con respecto a los fondos europeos y la utilización que el Gobierno de España ha hecho de ellos. Para la consejera, "si el Ministerio de Hacienda reconoce que el sobrante de estos fondos se ha destinado a otras partidas presupuestarias, no se debería pedir su devolución a las comunidades autónomas".