Un paso decisivo hacia una acogida digna y equitativa de la infancia migrante

El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha dado un paso decisivo con la aprobación este martes, 26 de agosto, del Real Decreto de Capacidad Ordinaria de los sistemas de acogida en los diferentes territorios del país. Se trata de una norma de enorme trascendencia, que nos permite avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, garantizando que ninguna comunidad autónoma se vea desbordada y que la solidaridad se traduzca en hechos concretos.

A partir de ahora, aquellas comunidades que multipliquen por tres su capacidad ordinaria es decir, el número mínimo de plazas que deben tener disponibles sus sistemas de acogida serán declaradas en contingencia migratoria extraordinaria. Esto activará un mecanismo que permitirá los traslados de menores a otras comunidades con mayor capacidad de respuesta.

Las primeras estimaciones del Ministerio cifran en 3.975 niños, niñas y adolescentes los que saldrán de Canarias, Ceuta y Melilla, territorios que previsiblemente serán declarados en contingencia extraordinaria. Esta cifra, además, se reducirá en torno a un millar, dado que el Tribunal Supremo ha reconocido que los menores solicitantes de asilo deben quedar fuera de este reparto.

Es importante subrayar que los traslados se harán de forma ordenada y objetiva, siguiendo criterios recogidos en el propio Real Decreto: población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo previo de acogida... De esta forma, se asegura la equidad y la proporcionalidad en el número de menores asignados a cada comunidad autónoma.

No ha sido un proceso fácil. Hemos visto intentos de bloqueo por parte de algunascomunidades gobernadas por el Partido Popular, que ya han sufrido varapalos judiciales, como Aragón en dos ocasiones, al tratar de frenar el desarrollo de un procedimiento que cuenta con todas las garantías legales. La explicación a estas maniobras es clara: las hipotecas políticas del PP con Vox, que ha exigido en distintos territorios rechazar el proceso de acogida vinculante y solidaria a cambio de apoyos presupuestarios.

Conviene aclarar dos falsedades que circulan interesadamente. La primera, que no se ha contado con las comunidades autónomas. Nada más lejos de la realidad. El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado en apenas cinco meses tres Conferencias Sectoriales de Infancia y Adolescencia y múltiples Comisiones Sectoriales. Las comunidades gobernadas por el PP no han presentado ni una sola alternativa; su única posición ha sido bloquear y negarse a aplicar la ley.

La segunda falsedad es que falten medios. El Gobierno ha puesto sobre la mesa un fondo de 100 millones de euros para cubrir los traslados, reforzar la acogida de los menores reubicados y apoyar a las comunidades que se encuentren por encima de su capacidad ordinaria. Se trata de la mayor transferencia de recursos de la historia en esta materia. Lo que sucede es que algunas comunidades, mientras reducen impuestos a quienes más tienen, alegan que no hay recursos suficientes para cumplir con una obligación moral y legal: la protección de la infancia.La prueba definitiva de que no es un problema de financiación es que los gobiernos autonómicos del PP no acudieron a la última Conferencia Sectorial, en la que estaba previsto aprobar un crédito extraordinario de 22 millones de euros precisamente para territorios gobernados por ellos: Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias.

Desde Lanzarote, como Director Insular de la Administración General del Estado, quiero subrayar un mensaje claro: la protección de niños y niñas migrantes no es una cuestión

ideológica, sino humanitaria y legal. No se trata de un debate sobre fronteras, sino sobre dignidad y derechos. Canarias ha demostrado sobradamente su compromiso, sosteniendo durante años un esfuerzo ingente que ahora, gracias a este Real Decreto, será compartido por el conjunto del país.

España vuelve a demostrar que es un Estado solidario, que no deja atrás a los más vulnerables y que apuesta por la corresponsabilidad. La infancia migrante no puede ser utilizada como moneda de cambio política. A esos niños y niñas les debemos protección, futuro y humanidad.

Pedro Viera, Director Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote.