Justicia

Dice el artículo 117 de nuestra Constitución que "La justicia emana del pueblo..", debe  ser independiente, imparcial y servir a la ciudadanía. Se trata del tercer poder del estado y su obligación es velar por el cumplimiento del  conjunto de  leyes y normas, que conforman nuestro estado de derecho y ser su garante.  Sus actuaciones deben ser  modélicas,  erigiéndose en paradigma y guía social.

Sin embargo, su percepción social  ha ido empeorando. Las divisiones en el Consejo Gral. del Poder  Judicial máxima institución de gobierno de los jueces entre progresista y conservadores, las continuas reyertas y luchas de poder más propias de políticos que de jueces, no son nada edificantes. La categoría profesional no la da el cargo, sino la actitud y su recto desempeño. Este orden de cosas hace mucho daño a esta institución.

En la misma línea de deterioro de imagen, resulta penoso ver a  jueces y fiscales manifestándose en la puerta de los juzgados, con la toga puesta, contra de la Ley de Amnistía, cuando se desconocía su contenido. Ahora, el Tribunal Constitucional la ha validado y  todo apunta a que el Tribunal de Justicia Europeo también la avalará. Ningún poder del estado debe criticar a otro, solamente porque no le gusta una decisión tomada en uso de sus atribuciones. El colectivo judicial no puede tener la piel tan fina y  debe encajar  reproches cuando estos están justificados, no toda opinión sobre su proceder se puede tachar de injerencia. Cuando un juzgador/a viste la toga, sus ideas políticas deben quedar en segundo plano y la objetividad debe presidir todas sus acciones. En democracia, todas las instituciones  están sujetas a la soberanía popular.

El proceder ante las filtraciones  habidas en los procesos judiciales tampoco constituye un modelo de imparcialidad.  Las hay en casi todas las causas, pero solo se investigan aquellas  que se pueden utilizar en detrimento del contrario. Un claro ejemplo de utilización partidista de la justicia. Hay que poner orden, sentar jurisprudencia.

Como claro ejemplo, el proceso al fiscal general del estado, que no es otra cosa que un pulso político. Se juzga a quien persigue el delito por denuncia del presunto delincuente. La información filtrada- delito de revelación de secretos- la conocían cientos de personas y el secreto no es tal si ya se difunde. Toda persona juzgada es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En este caso parece ser al revés.

Durante este proceso hemos visto cosas que llaman la atención: una instrucción hecha de modo singular (da mucho peso a unos testimonios y a otros- los periodistas- no los toma en consideración), La Guardia Civil no aporta pruebas, solo impresiones e ignora si tenía permiso para un registro exhaustivo, pero señala un culpable. El Colegio de Abogados de  Madrid, que debe representar a sus miles de colegiados, toma partido por la acusación, cuando no hay evidencia alguna y desde la presidencia del gobierno de Madrid se difunde mentiras con dinero público, además se jactan de ello, e inventa conjuras contra un presunto defraudador.

Se ha producido una clara erosión en el prestigio de varias instituciones, con la judicial en primer lugar. La confianza de la ciudadanía está quebrada.  También en Europa se asombran de lo que está ocurriendo en España. Cuidado con lo que se hace, podemos estar ante un nuevo caso Dryfus (1) o Garzón (2).

El daño está hecho, a ver si la sentencia no lo empeora. El Tribunal Supremo debería ser valiente dictando una sentencia contundente, bien argumentada y ejemplar, que  recomponga esta situación.

Notas.

(1)  En Francia el capitán judío del ejercito Alfred Dryfus (1859-1935) fue acusado de traición. Tras 12 años en prisión, se demostró su inocencia. Se originó un gran escándalo. Este caso dividió a la opinión pública francesa. Constituye un claro ejemplo de antisemitismo, que contribuyó al final de la III República.

(2)  El juez español Baltasar Garzón fue condenado en 2010 a 11 años de inhabilitación. En 2021 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que esta condena fue  arbitraria porque el proceso no cumplió con garantías de imparcialidad y no se basó en "provisiones suficientemente explícitas". La ONU exigió a España que borrara sus antecedentes penales, le otorgara una reparación adecuada por el daño sufrido y adoptara medidas de no repetición.