La infancia que no puede esperar

En estos días hemos leído un testimonio que duele. Una madre canaria, Astrid, se ve obligada a dejar su trabajo porque nadie puede atender a sus dos hijos autistas entre el final del comedor escolar y el inicio del servicio de permanencia. Un hueco de tiempo. Un simple tramo horario. Eso es todo lo que bastó para que una familia se viniera abajo.

 Y lo más devastador no es que esta situación ocurra: es que ocurre cada día, en todos los rincones de Canarias, sin que el Gobierno asuma la urgencia que exige.

 Porque detrás de cada titular hay una vida. Y detrás de cada vida, un derecho que se vulnera.

 La conciliación en Canarias es un espejismo para demasiadas familias

 Para muchas familias con hijos con necesidades educativas especiales, la conciliación es un sueño que se deshace nada más empezar el día. Falta personal de apoyo. Faltan auxiliares. Faltan perfiles profesionales especializados. Faltan horas cubiertas. Falta coordinación entre servicios.

Y, sobre todo, falta voluntad política para poner a la infancia más vulnerable en el centro.

 Cuando una madre se ve obligada a renunciar a su empleo porque no hay quien acompañe a su hijo dentro del propio sistema educativo, no estamos ante un problema doméstico: estamos ante un fracaso institucional.

 No hay otra palabra posible.

 Las madres que sostienen lo insostenible

 Son muchas las madres que conozco que me lo cuentan con la misma mezcla de cansancio y dignidad: han tenido que parar sus vidas. Han visto interrumpidas sus carreras profesionales, han renunciado a oportunidades, han cambiado turnos imposibles o directamente han dejado de trabajar porque el sistema no llega.

Viven con el sueño roto por la incertidumbre diaria: ¿Quién estará con mi hijo? ¿Cómo organizo mañana? ¿Qué pasará si falla algo?

 No hablamos de casos aislados.

Hablamos de una realidad estructural que recae, una vez más, sobre los hombros de las familias, sobre todo de las mujeres, mientras el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular se permiten el lujo de aplazar soluciones hasta 2026.

 Decir que todo se solucionará en 2026 es no haber entendido nada

La respuesta oficial es conocida: "Con el nuevo contrato, este problema se resolverá en septiembre de 2026".

 ¿De verdad alguien considera razonable que una familia espere dos años para que su hijo tenga el apoyo que necesita?

¿Dos años sin estabilidad laboral?

¿Dos años improvisando cuidados?

¿Dos años pagando consecuencias que no deberían pagar?

Miren, las urgencias vitales no admiten prórrogas administrativas.

La infancia no puede esperar a que los papeles lleguen a tiempo.

 La inclusión real no es un discurso: es un compromiso presupuestario

 Los recursos destinados a la educación especial no son un lujo. No son un complemento. No son algo que se pueda "ajustar" según convenga.

 Son derechos.

Son vidas.

Son oportunidades que no regresan.

 Cuando un niño no puede estar en el comedor porque no hay personal suficiente, pierde más que un rato de vigilancia: pierde socialización, pierde autonomía, pierde igualdad. Pierde su infancia plena.

 Y cuando una familia se queda sola, también pierde algo irreparable: la confianza en las instituciones.

 Un Gobierno que llega tarde llega mal

 Canarias necesita una política educativa que no se limite a reaccionar cuando el problema ya se ha hecho insoportable. Necesita planificación, inversión, personal formado y una escucha real a las familias, que llevan años advirtiendo de carencias que hoy revientan por todas partes.

 No podemos seguir pidiendo paciencia a quienes ya lo han perdido todo.

 No podemos seguir pidiendo comprensión a quienes sobreviven cada semana como pueden.

 No podemos seguir diciendo que "ya llegará" cuando los niños crecen mientras esperamos.

 Las familias no quieren heroicidades. Quieren derechos.

 Astrid no pidió privilegios.

Pidió algo tan básico como poder trabajar mientras sus hijos están en el colegio.

Pidió una conciliación digna.

Pidió que la escuela cumpliera su papel.

 Lo que hoy pedimos es que el Gobierno de Canarias cumpla el suyo.

 No dentro de dos años. Hoy.

 Porque la verdadera medida de un Gobierno no está en los discursos ni en los contratos anunciados, sino en su capacidad para atender a quienes más lo necesitan.

 Y ahora mismo, quienes más lo necesitan son los niños y niñas que no pueden esperar al 2026 para que se garantice lo que ya es suyo:el derecho a una educación inclusiva, completa y digna.

María Dolores Corujo, secretaria general del PSOE de Lanzarote y Diputada en el Congreso.