Cuando la vulnerabilidad se convierte en negocio

En estos días he hablado con una persona que durante casi tres años vivió una situación que me ha hecho reflexionar profundamente sobre una realidad que, aunque muchas veces permanezca oculta, existe en nuestra sociedad y puede darse en municipios turísticos como es Yaiza.

Me contaba que llegó a pagar 300 euros al mes por el simple hecho de poder utilizar documentación de otra persona. Una persona que, según su relato, podía encontrarse incluso en otro lugar del mundo y que prestaba su documentación y sus datos bancarios para que allí se recibiera el dinero correspondiente al trabajo realizado.

Puede parecer difícil de entender desde fuera. Pero cuando una persona no tiene su situación administrativa regularizada, cuando necesita trabajar para sobrevivir y cuando además tiene que enviar parte de lo que gana a su familia o a las personas que dejó atrás buscando una vida mejor, puede terminar aceptando condiciones que, en circunstancias normales, jamás aceptaría.

Y ahí es donde aparece el verdadero problema.

Porque detrás de estas situaciones hay personas que necesitan trabajar, personas que quieren salir adelante, mantener a sus familias y construir un futuro. Pero también puede haber quienes descubren en esa necesidad una oportunidad para ganar dinero. 300 euros al mes. Durante casi tres años.

Cuando escuchas una historia así, es imposible no preguntarse cuántas situaciones parecidas pueden estar ocurriendo sin que las conozcamos.

Y no estamos hablando únicamente de inmigración. Estamos hablando de explotación de la vulnerabilidad.

La persona con la que hablé me explicaba que el dinero de su trabajo podía llegar a una cuenta que no estaba a su nombre. Después, una parte era retenida y el resto se enviaba a quienes intentaban ganarse la vida y mantener a sus familias.

¿Qué margen tiene una persona en esa situación para reclamar? ¿A quién acude si tiene miedo de perder su trabajo? ¿Cómo denuncia si teme que su situación administrativa pueda traerle consecuencias? ¿Qué ocurre cuando quien debería estar en una posición de protección termina dependiendo precisamente de quien se aprovecha de su necesidad? Son preguntas que no podemos ignorar.

Y quiero ser muy claro. No debemos convertir a las personas migrantes en el objetivo de nuestro rechazo. Quien llega a Canarias buscando una vida mejor no puede ser señalado automáticamente como un problema. Muchos trabajan, cuidan, limpian, construyen, atienden nuestros establecimientos y forman parte de nuestra sociedad. El problema está en otra parte.

Está en quienes se aprovechan de que una persona no pueda defenderse en igualdad de condiciones. En quienes cobran por prestar documentación. En quienes pueden utilizar cuentas bancarias para ocultar o canalizar dinero que corresponde al trabajo de otra persona. En quienes ofrecen empleos sin derechos. En quienes alquilan espacios indignos a precios abusivos porque saben que el inquilino tiene pocas alternativas.

La vulnerabilidad no puede convertirse en un modelo de negocio.

Y esta reflexión adquiere una especial importancia en los municipios turísticos. Lugares donde existe una fuerte demanda de trabajadores, donde el coste de la vivienda se ha disparado y donde determinadas actividades económicas generan una necesidad constante de mano de obra.

No podemos mirar únicamente las cifras de ocupación, los visitantes que llegan o los ingresos que genera el turismo. También tenemos que mirar a las personas que viven y trabajan aquí.

Porque detrás de cada camarero, cada trabajador de la limpieza, cada persona que atiende un hotel, cada trabajador de mantenimiento o cada empleado que sostiene nuestra economía turística hay una historia personal. Y esa historia merece respeto.

Las administraciones públicas deben trabajar para que nadie tenga que elegir entre pasar hambre o aceptar condiciones abusivas. Para que las personas vulnerables conozcan sus derechos. Para que existan canales seguros para denunciar situaciones de explotación. Y para que quienes se aprovechan de la necesidad de otros respondan ante la ley.

También debemos reclamar una mayor coordinación entre administraciones. Un ayuntamiento no puede resolver por sí solo una problemática que afecta a competencias laborales, migratorias, de seguridad, vivienda y servicios sociales. Pero sí puede escuchar, detectar, acompañar y exigir que quienes tienen las competencias actúen.

Porque cuando una persona tiene que pagar 300 euros todos los meses para poder trabajar utilizando la documentación de otra, durante años, algo está fallando. Y cuando alguien encuentra en la desesperación de otra persona una fuente de ingresos, tenemos que preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo.

No se trata de perseguir al vulnerable. Se trata de protegerlo de quien se aprovecha de su vulnerabilidad. La dignidad no puede tener precio. Y mucho menos convertirse en el negocio de otros.

Luis Miguel Valiente, portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista en el municipio de Yaiza.