CC denuncia que Corujo propone que sea el Cabildo “quien devuelva al Gobierno los 100.000 euros cobrados por el tránsfuga Sosa”

Tras casi dos años de ilegalidad, ahora plantean aplicar con carácter retroactivo una adaptación de la Ley de Cabildos del pasado mes de agosto a modo de “Ley Sosa”

CC confía en que “las Intervenciones Generales de la Comunidad Autónoma y del Cabildo frenen este atropello a la democracia”

“La presidenta niega el expediente a la oposición, desobedeciendo las instrucciones del Comisionado de la Transparencia”, asegura el Grupo Nacionalista

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote asegura que el nuevo capítulo que se acaba de escribir del conocido “caso Sosa” no podría ser “más escandaloso e indigno” para la política y las administraciones públicas: “Como todo es ilegal desde diciembre de 2019, se pretende utilizar ahora como ‘Ley Sosa’ una adaptación de la Ley de Cabildos del pasado mes de agosto para dar cobertura a los cobros indebidos del consejero tránsfuga”.

El grupo Nacionalista asegura Dolores Corujo tiene intención de “aplicarla con carácter retroactivo, o lo que es lo mismo, que sea el Cabildo con fondos públicos quien devuelva al Gobierno de Canarias los más de 100.000 euros de cobros indebidos del citado consejero, amparándose en el ‘enjuague jurídico’ que supone el informe de la ex directora general de Función Pública, que no olvidemos se trata de un cargo público de libre designación política que ha emitido hasta tres informes distintos que se han ido ajustando progresivamente a las verdaderas pretensiones de ambos gobiernos, para que sea el Cabildo quien devuelva lo que corresponde al citado consejero reintegrar”.

“A lo largo de los últimos cinco meses, los máximos dirigentes del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno han estado buscando la fórmula que les permitiera justificar esta situación, y al no encontrarla parecen haber optado por esta insólita propuesta”, han señalado desde CC-PNC.

Como se recordará, cuando CC denunció en el pasado pleno del día 14 de mayo de 2020 que sospechaba que Juan Manuel Sosa seguía cobrando indebidamente de la Consejería de Sanidad tras haber perdido desde diciembre de 2019 la condición de portavoz que le permitía hacerlo, la presidenta respondió entonces estar “convencida de que la situación del consejero responde a la legalidad y cualquier duda que pueda haber será aclarada en los próximos días”. Y añadió que era una indecencia la pregunta de CC, “cuando la verdadera indecencia presidencial está a la vista”.

Del informe de la ex directora general de Función Pública,  el Grupo Nacionalista manifiesta que comparte cuando admite que “la administración competente para proceder al abono de las retribuciones de la persona interesada como consejero insular con delegación especial en Sanidad y Planificación Sanitaria, ha de ser el Cabildo Insular de Lanzarote desde el 30 de diciembre de 2019”, en todo caso. 

“En definitiva, según se desprende del informe, desde entonces, el consejero ha cobrado 100.000 euros de la Comunidad Autónoma de forma indebida. Por lo tanto, quien debería devolverlos es el propio Juan Manuel Sosa, amén de que se depuren otras responsabilidades”, informan los nacionalistas.

El Grupo Nacionalista, tras meses de silencio de Corujo, pidió el pasado 12 de agosto, una copia de todo el expediente a la presidenta del Cabildo sin que ésta se haya dignado a responder hasta ahora, aunque consta que el Comisionado de la Transparencia le ha comunicado la obligación de hacerlo y facilitar el expediente “que esperamos nos permita acreditar esta especie de complot político e institucional perpetrado para presuntamente encubrir una gravísima irregularidad cometida por el funcionario público Juan Manuel Sosa con la complicidad política de los gobiernos del Cabildo y Canarias”.

“Todo ello es sin duda la razón por la que la presidenta ha suspendido hasta en tres ocasiones el pleno ordinario de septiembre, donde debía comparecer, a solicitud de Coalición Canaria, para aclarar las múltiples preguntas que quedan por responder en relación con esta grave irregularidad administrativa y explicar cuáles son sus pretensiones”, asegura el Grupo Nacionalista que confía en que “las Intervenciones Generales de la Comunidad Autónoma y del Cabildo frenen este dislate jurídico y atropello a la democracia”.