Opinión

La alegría de seguir vivos no es suficiente. Entre que nos levantamos pensando en la vorágine de la supervivencia, en los problemas de salud, cuando los hay, las obligaciones con los bancos  o cualquier imprevisto convertido en problema menor o mayor, nunca mejor dicho, se nos va la vida, y menos mal que está la familia y los amigos para tendernos la mano, porque la irritación generalizada asesta un golpe diario a nuestro bienestar o aspiración a tenerlo, según el caso.

Durante dos años, demasiados han preferido el agravio a los hechos. Se levantó un relato a base de insinuaciones, titulares apresurados y una sospecha repetida hasta parecer cierta. Hoy, con el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres ya conocido, podemos decirlo con claridad: no hay indicios delictivos contra él. El documento sitúa su intervención en la resolución de incidencias propias de una emergencia, no en adjudicaciones ni en comisiones.

Uno de los defraudadores de la Hacienda pública española, recordemos que el rey emérito pagó una regularización voluntaria a la Agencia Tributaria de cuatro millones de euros en 2021, además de otra regularización anterior de más de 600.000 euros, comienza mal su intento de ‘Reconciliación’, así titula su libro de memorias que pronto circulará por el país, si en él desliza que es “el único español que no cobra una pensión tras casi 40 años de servicios”. 

Analizar el crecimiento económico experimentado en el mundo en la última década nos lleva a observar muchas situaciones límite. No solo en aquellos estados que forman parte del sur empobrecido y ahogado por la deuda, que gastan en pago de intereses lo que deberían dedicar a la salud, la educación. los cuidados o las infraestructuras básicas, y así contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones. También sucede en el norte desarrollado. El hecho de que una nación aumente su Producto Interior Bruto (PIB) en dos o tres puntos anuales no se traslada necesariamente al bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, sino, en buena medida, a las cuentas nada corrientes de unos pocos. Los ricos son cada vez más ricos. Los pobres, más pobres. El mundo es cada vez más desigual.

Este treinta y uno de octubre, Lanzarote se convirtió en la primera isla europea en lograr el galardón Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La no ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no es una mera cuestión administrativa, supone cerrar de un portazo una ventana vital de oportunidades para transformar la realidad social y la de las personas que participan en los distintos proyectos que se desarrollan bajo este Pacto. Son cientos de mujeres, hombres, adolescentes que dependen de programas que venían funcionando en años anteriores y que este año 2025 no se van a poner en marcha por la incapacidad de gestión del Gobierno de CC-PP. En Canarias, con la alta prevalencia de la violencia machista, la parálisis de estos fondos no es un simple retraso burocrático, es una grave irresponsabilidad política con graves consecuencias para las tan necesarias política de atención, prevención y sensibilización frente a la violencia de género.

Aumentar la inversión educativa no es solo una cuestión de justicia o de compromiso político, es ante todo un mandato legal. Mandato que nació inspirado en el Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias que dio paso a la aprobación de la Ley Canaria de Educación en 2014, y que surgió de la participación y el consenso, que estableció una hoja de ruta para la mejora del sistema educativo de las islas. No podemos olvidar que la Ley es aprobada e inspirada a través de una Iniciativa Legislativa Popular, que le incorpora una mayor dosis si cabe de democracia y participación.

Pablo Motos - entre otros muchos- describió con claridad en el programa de televisión El Hormiguero la encrucijada en la que se encontraba  Pedro Sánchez cuando saltó la trama de corrupción que afecta al PSOE y sacude al país: “Si sabía lo que estaba ocurriendo en su partido y no hizo nada, es cómplice; y si no lo sabía, es un auténtico incompetente”.

En Madrid, la universidad pública más grande del país, la Complutense, ha tenido que pedir un préstamo para poder pagar las nóminas. No es una anécdota: es la prueba de un modelo que se tambalea. Un sistema que habla de modernización, pero donde la palabra que falta siempre es inversión.

Este fin de semana, el puerto de Los Mármoles fue escenario de dos relatos opuestos sobre la dignidad humana. Mientras el barco Open Arms concluía su misión humanitaria en aguas de Lanzarote, Santiago Abascal elegía el mismo lugar para exigir que se "confisquen y hundan los barcos de los nuevos negreros".