Oswaldo Betancort exige que Lanzarote aplique un concierto social para mantener la calidad profesional que Adislan lleva ejerciendo durante 50 años

"El Cabildo de Lanzarote ya no tiene justificación para sacar a licitación los servicios que Adislan lleva prestando a la ciudadanía de Lanzarote durante tanto tiempo y acogerse a la figura del concierto social"

 Adislan: "Las administraciones públicas deberían aprovechar más la profesionalización de entidades del tercer sector que trabaja de cara a la comunidad", consideró su directora, Mónica Hernández

 El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) solicitó el pasado mes de marzo la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, al objeto de conocer cuál era la situación de Adislan ante el anuncio de la presidenta del Cabildo de Lanzarote de sacar a concurso público la gestión de los servicios frente a los que lleva dicha entidad más de 20 años.

La respuesta obtenida por la consejera Noemí Santana fue que "eso no era responsabilidad suya y que dependía totalmente de lo que finalmente decidiera María Dolores Corujo, a pesar de que Podemos también forma parte de su grupo de Gobierno en el Cabildo. Y ello, pese a que la Ley 16/ 2019 de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias crea como nueva forma de provisión la figura del concierto social como modalidad genuina de participación de la iniciativa privada conformada por las personas físicas y por las entidades de iniciativa social integrantes del Tercer Sector de Acción Social.

El pasado día 13 de enero de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el Reglamento del Concierto Social en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma Canaria, por lo tanto, "entendemos que el Cabildo de Lanzarote ya no tiene justificación para sacar a licitación los servicios que llevan prestando a la ciudadanía de Lanzarote durante tanto tiempo y acogerse a dicha figura", considera el diputado.

En este sentido, este martes en comisión parlamentaria, Oswaldo Betancort preguntó sobre el estado de los trámites para solucionar esta situación que tanto preocupa a las familias de personas con discapacidad intelectual que, además, sufren un agravio comparativo con respecto a la gestión de entidades afines a Adislan en otras islas del archipiélago. Y como ejemplo podemos citar al Cabildo de Tenerife que tiene convenios con unas 7 entidades de mayores.

Aunque, actualmente, Adislan sigue trabajando como venía haciendo con anterioridad y sigue teniendo un volumen importante de servicios exclusivos de gestión pública, entre los que se encuentran una residencia de 30 personas, tres hogares funcionales que atienden a 17 jóvenes, un centro de día para 50 personas y un centro ocupacional para 65 usuarios, la situación es de absoluta desprotección legal, pues no disponen de un documento que regule la relación contractual con la Administración, a pesar de haber ofrecido distintas alternativas legales al Cabildo de Lanzarote, tal y como acontece en otras islas y sus respectivos Cabildos, para evitar estos hechos y dar protección a la continuidad de Adislan.

Oswaldo Betancort ha insistido en que "sacar a concurso público este servicio significa para los usuarios y familiares un cambio brutal y un riesgo que pone en peligro la calidad que ofrece Adislan en la actualidad". "Mi más sincera felicitación a Mónica Hernández, directora de Adislan, por su intachable exposición en el parlamento, en la que explicó el porqué de la necesidad de que aclaremos cuál es el modelo que queremos aplicar sobre los discapacitados, puesto que no vale justificarse en la legislación si realmente estamos trabajando en las personas".

Mónica Hernández reivindicó ante el Gobierno de Canarias que "las administraciones públicas deberían aprovechar más la profesionalización de entidades como Adislan que trabaja de cara a la comunidad gracias al esfuerzo de muchas familias" y rogó que "no nos pongan en el mismo nivel que una empresa, porque no somos lo mismo".

Además, mostró su preocupación por que "las infraestructuras sociosanitarias son puramente asistenciales, por lo tanto, van en contra del modelo ideal de un hogar pequeño para el colectivo que necesita una escucha de verdad y una vida independiente con apoyo para participar y decidir, tener el control y el poder sobre sus vidas: con derechos, libertades y oportunidades".

Por último, Hernández expresó la importancia de "promover la participación del propio colectivo con discapacidad intelectual, respetar su voz y voto, para poder pertenecer y ser parte de la política y conseguir una sociedad más justa y democrática, trabajando de la mano del tercer sector, que ha sido prioritario para generar valor público y bienestar social, y eso conlleva que el nuevo catálogo de servicios contenga esta evolución y progresión".

Más de 50 años al frente de la discapacidad

Adislan ofrece a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, arraigo a la asociación, ya que hay vínculos fuertes e importantes entre las personas que la forman, algunas de las cuales llevan más de 30 años viviendo bajo su gestión.

Es una organización que presta los servicios con valores, empatía, cercanía, actuando siempre con la transparencia que necesitan no solo los usuarios sino sus familiares, con perspectiva comunitaria, trabajando desde una planificación centrada en las personas y en sus derechos. Tiene muy presente "La Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad" en la práctica diaria, ofreciendo a las familias una atención inmediata en las urgencias (asistencia rápida activando las vías de urgencia, acogimiento en situaciones de desamparo, apoyo en situaciones de violencia, etc.).