El Tribunal Superior de Justicia de Canarias reafirma el derecho de Canal Gestión a actualizar la tarifa del agua
- Redaccion
La sentencia acuerda que se adopten las medidas necesarias para actualizar y abonar las tarifas correspondientes a las anualidades ya vencidas
El contrato para la concesión del servicio establece la modificación de tarifas desde 2017 con carácter anual y acumulativo conforme a la fórmula del IPC+1%
La revisión tarifaria alcanzaría hoy un importe superior a los 35 millones de euros, que sigue adeudándose a la concesionaria
La Justifica ya había reconocido en 2021 el derecho de la empresa a modificar las tarifas como retribución del contrato
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado íntegramente en sentencia del pasado 14 de mayo el incidente de ejecución promovido por la entidad Canal Gestión Lanzarote, acordando que sean adoptadas las medidas necesarias para que el Consorcio del Agua de Lanzarote actualice y abone las tarifas correspondientes a las anualidades ya vencidas (2020 a 2023, ambas inclusive), según comunica la empresa en nota de prensa.
Ya en febrero de 2021, el Juzgado de lo Contencioso –Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia por la que se reconocía el derecho de la concesionaria, Canal Gestión Lanzarote, a percibir, en concepto de retribución del contrato y a partir del cuarto año de su duración, las tarifas actualizadas conforme a la fórmula IPC+1%. Esto responde a lo expresamente establecido en el contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización de las islas de Lanzarote y La Graciosa suscrito con fecha 23 de mayo de 2013.
A pesar del tiempo transcurrido, y contrariamente a lo establecido en el contrato y en la sentencia dictada, ya firme y con eficacia de cosa juzgada, el Consorcio del Agua no ha procedido a revisar las tarifas previstas en el contrato de concesión a partir del año 2017 ni tampoco a compensar el desequilibrio económico que esta situación ha generado a Canal Gestión Lanzarote por un importe superior a los 35 millones de euros, ya que la concesionaria sigue percibiendo en concepto de retribución exclusivamente las tarifas vigentes desde el año 2011.
Dada la inactividad del Consorcio, Canal Gestión Lanzarote asegura que se vio obligada a recabar la tutela de los tribunales de Justicia para conseguir la efectiva ejecución de la sentencia.
El recurso estimado por la última sentencia del TSJC se planteó ante la decisión del Consorcio de limitar la revisión de las tarifas a los ejercicios 2017 a 2019, cuando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo era clara, al establecer que la revisión de las tarifas debería verificarse conforme a la fórmula de IPC+1 y a partir de la cuarta anualidad.
De este modo, en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se reconoce expresamente, y como situación jurídica individualizada, el derecho de Canal Gestión Lanzarote a la actualización de las tarifas conforme a la fórmula IPC+1%, amparándose su pretensión de que sean también actualizadas y abonadas las anualidades sucesivas ya vencidas y reclamadas a la Administración, en concreto, las anualidades 2020 a 2023, ambas inclusive.