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Nueva Canarias rechaza la “operación Maneje” que “pretende regalar suelo público a los especuladores de vivienda”

"El PP y CC quieren implantar un modelo urbanístico que da todo el poder sobre las viviendas protegidas a los empresarios", señalan las canaristas

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha rechazado de forma categórica la pretensión del grupo de gobierno del Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) de "regalar" a los empresarios el suelo público de Arrecife y que sean ellos quienes gestionen las viviendas protegidas.

Nueva Canarias denuncia que, “según la información conocida”,  el alcalde de Arrecife plantea ceder a la iniciativa privada parte del suelo de las 200 viviendas protegidas del mercado especulativo que faltan por edificar en Maneje, porque según él, "el Gobierno de Canarias no cumplirá los plazos fijados. Una medida que pretende copiar el modelo de especulación urbanística de Ayuso”.

Para Sheila Guillén, portavoz de NC-BC en Arrecife, "lo que plantea el grupo de gobierno es un disparate y refleja que no son conscientes de los resultados dañinos que han dado este tipo de medidas especulativas".

"Regalar suelo público a las empresas es quitarle al pueblo de Arrecife su bien más preciado, que es el territorio. Un regalo que engorda más si cabe el poder de los empresarios que ya de por sí son los dueños de prácticamente la totalidad del suelo edificable de la capital y la isla", comenta Guillén, que asegura que esta medida "va en contra de los intereses de la clase trabajadora que buscan viviendas asequibles y protegidas del libre mercado".

Para las canaristas, "el modelo de vivienda asequible que necesita Arrecife no puede ser gestionado, una vez más, por los empresarios. Debe ser la administración pública, Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno de España, quiénes aseguren la construcción de un parque de viviendas protegidas del libre mercado que no genere más aumento de los precios".

"Las administraciones públicas tienen capacidad suficiente para construir vivienda pública y asegurar precios razonables en función de la renta de cada municipio o isla. No podemos abrir la puerta a un modelo diseñado para ciudades o comunidades con rentas per cápita infinitamente mayores que las que aquí tenemos", argumenta Sheila Guillén. 

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