Suspendido el pleno del Cabildo de hoy por las diferencias jurídicas del PSOE y el PP sobre la retirada de la moción de nombrar persona “non grata” a Pedro Sánchez  

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, suspende el pleno previsto para hoy viernes 25 de julio y solicita un nuevo informe jurídico para aclarar las peticiones tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.

Ayer, el Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote había anunciada en nota de prensa que había conseguido que se retire del orden del día la moción impulsada por el Partido Popular que pretendía declarar persona "non grata" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La propuesta, que iba a ser debatida en el próximo pleno, ha sido retirada tras una junta de portavoces convocada de urgencia en la mañana de este jueves.

El PSOE registró un escrito ante la Presidencia y la Secretaría del Pleno, aportando una sentencia reciente del Tribunal Supremo (Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 23 de febrero de 2004), que deja claro que las administraciones locales no tienen competencia para este tipo de declaraciones, y que, de adoptarse, serían nulas de pleno derecho.

“El Grupo Popular no comparte”

Ante la decisión adoptada por la Presidencia del Cabildo, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, de rechazar el debate y votación en el pleno convocado para hoy viernes 25 de julio de la moción presentada por el Grupo Popular para la declaración de persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PP de Lanzarote emitió un comunicado en el que hacía constar que la moción del Grupo Popular “figura oficialmente en el orden del día del pleno de la Corporación, que fue aprobado en tiempo y forma -como establece el Reglamento Orgánico del Cabildo- por la Presidencia con la asistencia de la Secretaría General. Los argumentos esgrimidos posteriormente por la Secretaría General y asumidos por la Presidencia para su retirada del orden del día, a instancia de un escrito del Grupo Socialista, obedecen a una interpretación que el Grupo Popular no comparte, al considerar que colisionan con el derecho que asiste a los consejeros insulares de presentar iniciativas en el pleno de la institución”.

Para el PP, “conviene tener presente que los consejeros insulares, cuando presentan mociones, están ejerciendo su derecho fundamental al ejercicio del cargo representativo para el que han sido elegidos, derecho fundamental consagrado en la Constitución Española”. Respecto a la naturaleza de la moción del Grupo Popular, se recuerda que el Reglamento Orgánico del Cabildo –artículo 82- establece con “meridiana claridad” que "excepcionalmente las mociones se utilizarán para que el Pleno, en representación del Cabildo o de la Isla, formule una declaración de ideas o de sentimientos, de contenido meramente político, respecto a un tema que considere que le afecta".

“De hecho, es público y notorio que el Grupo Socialista ha promovido y apoyado mociones de idéntica naturaleza en numerosas corporaciones españolas, incluido el Cabildo Insular de Lanzarote. El Partido Popular no se explica la desesperación del Grupo Socialista por evitar a cualquier precio -conculcando incluso un derecho fundamental- el debate de una moción que aún careciendo de efectividad permite dar testimonio y ser cauce de expresión democrática de una mayoría social”, argumenta el PP que asegura que “resulta evidente que el Grupo Socialista prefiere amordazar el debate político en el Cabildo antes de que se puedan debatir tantos los escándalos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez en su familia, en su partido y en su gobierno como los incumplimientos sistemáticos con sus responsabilidades para con Lanzarote y La Graciosa”.

Por todo ello, el Partido Popular lamenta “la determinación adoptada porque representa un veto al debate político y democrático que le es propio al pleno y porque cercena el ejercicio del derecho fundamental de los consejeros insulares, sentando un peligroso e indeseado precedente en el Cabildo. En consecuencia, el Partido Popular se reserva el derecho a presentar un Recurso de Reposición ante el propio Cabildo, formular un Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, sin descartar la vía penal porque podríamos estar ante un delito constitutivo de vulneración de derechos constitucionales”.