Arrecife sanciona con 30.000 euros a una lavandería y empresa de reciclaje por carecer de licencia
- Redaccion
El pleno del Ayuntamiento decreta la clausura de ambos establecimientos ubicados en Titerroy y Argana Alta
Los vecinos de estos locales habían alertado a la Policía Local, que inspeccionaron la actividad ante las molestias que causaban
El Ayuntamiento de Arrecife ha decretado la clausura de dos establecimientos, ubicados en los barrios de Titerroy y Argana Alta, que estaban operando careciendo de las preceptivas licencias municipales. El pleno celebrado esta mañana, a propuesta de la Concejalía de Infracciones, acordó la imposición de 30.002 euros en sanciones, a razón de 15.001 euros a cada firma.
El expediente de clausura de inició tras las alertas de los vecinos, en los barrios de Argana Alta (zona del Diseminado) y Titerroy donde trasladaron al Ayuntamiento de Arrecife las molestias que se ocasionaba por esas actividades. La Policía Local de Arrecife inspeccionó a cada establecimiento y constató que carecían del preceptivo título habilitante (licencia municipal) para el desarrollo de ambas actividades, tipificadas como actividades clasificadas.
En el barrio de Titerroy, en la calle Tinamala, operaba una lavandería y área de limpieza, que con el acuerdo plenario de hoy, se ha decretado su clausura y la imposición de una sanción administrativa de 15.001 euros al tener la consideración jurídica de calificación de muy grave, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 7/2011, de Actividades Clasificadas.
El establecimiento clausurado en el barrio de Argana Alta, en la zona del Diseminado, estaba dedicado al "reciclaje, almacenamiento, y manipulación de chatarra y restos de vehículos" careciendo, igualmente, de la necesaria licencia municipal (título habilitante).
La Policía Local, tras tener constancia de estas alertas de los vecinos por las molestias que originaban, inspeccionaron ambos establecimientos e incoaron las respectivas actas para su tramitación por el Departamento de Infracciones para su elevación, que, por las altas cuantías, es el pleno municipal el que tiene la potestad para acordar sus clausuras y aprobación e imposición de las sanciones económicas.