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Dolores Corujo denuncia que Oswaldo Betancort “paga 15.500 euros al abogado de Aldama” para presentar una querella contra ella

Corujo: «La contratación de José María Choclán, el abogado de Aldama, no es más que un intento a la desesperada de Oswaldo Betancort de mantener viva la persecución judicial contra mí, tras el duro Decreto de archivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo»

 

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, ha acusado al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de haberse lanzado a una cacería judicial utilizando fondos públicos con el único fin de inhabilitarla: «La contratación de José María Choclán, el abogado de Aldama, no es más que un intento a la desesperada de Oswaldo Betancort de mantener viva la persecución judicial contra mí, tras el duro Decreto de archivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo».

Corujo ha recordado que la Fiscalía ha negado de manera tajante la existencia de indicios penales en la denuncia política promovida por Oswaldo Betancort ante la Fiscalía de Arrecife, utilizando al abogado de Coalición Canaria en el Cabildo, contratado como director insular con un sueldo de más de cinco mil euros al mes.

«Ahora, cuando se demuestra que las acusaciones contra mí carecían de cualquier fundamento, Oswaldo Betancort paga 15.500 euros a Choclán tan solo por la presentación de una querella contra mí, en una huida hacia adelante que tan solo pretende mantener viva una denuncia que carece de todo fundamento», ha reprochado Corujo.

Para la responsable socialista «Oswaldo Betancort se ha quitado la careta y ha dejado claras sus intenciones. Podría haber contratado a un penalista para estudiar si había delito, ya que reconoce que se apoya tan solo en los informes del servicio jurídico y el propio director insular que apoyaron la denuncia archivada, pero ha preferido contratar a Choclán tan solo para que presente una querella y con la condición de que solo cobra si la presenta».

Para Corujo resulta significativo que la decisión de contratar a un penalista para interponer la querella haya contado tan solo con los cinco votos de Coalición Canaria en el Consejo de Gobierno Insular, lo que deja patente de que se trata de una querella política y no una actuación institucional.

«Resulta patético que Oswaldo Betancort pretenda escudarse en una supuesta defensa de los fondos públicos cuando el Cabildo de Lanzarote nunca pagó el sueldo de Sosa. Poco le importa el dinero público cuando dilapida más de cinco mil euros al mes en pagar al abogado del Coalición Canaria en el Cabildo y contrata a Choclán, que tan solo por presentar la denuncia cobrará 15.500 euros», ha finalizado.

 

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