Yaiza ejecutará el fallo judicial sobre el Son Bou pero deja claro que el coste de la demolición no repercutirá en los vecinos

Óscar Noda destacaba en su comparecencia de este miércoles 11 de noviembre que “la Sala avala la gestión realizada por el Ayuntamiento” y que será la propiedad quien asuma el coste de los trabajos. El alcalde anuncia el inicio inmediato de los trámites administrativos y técnicos para cumplir la resolución del TSJC

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, comparecía en rueda de prensa en la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, en la Casa del Camello de Uga, para informar sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordena al Ayuntamiento contratar la demolición parcial del complejo Son Bou, situado en Playa Blanca, resolución que el gobierno municipal acata y ante la que ya ha puesto en marcha los primeros trámites administrativos y técnicos para su cumplimiento.

El mandatario sureño comenzó haciendo una breve retrospectiva del caso, detallando que se trata de uno de los hoteles que estaba en procedimiento de ejecución de sentencia porque tenía su licencia anulada, y estaba en procedimiento de regularización, recordando que las licencias originales del complejo son de los años 1998 y 2001 y la sentencia que las anuló de 2005, antes de su llegada al Ayuntamiento y a la alcaldía.

Desde el primer momento, Noda quiso dejar claro que el procedimiento judicial afecta a complejo Son Bou y no al Hotel Princesa Yaiza, como se ha indicado en algunos medios, dos establecimientos hoteleros independientes.

La resolución del TSJC pone fin a una etapa de un largo procedimiento judicial relacionado con las irregularidades urbanísticas de este complejo, en la que el Ayuntamiento de Yaiza ha venido actuando conforme a los requerimientos judiciales y defendiendo la legalidad urbanística frente a las sucesivas iniciativas de la propiedad dirigidas a evitar o retrasar la ejecución de la sentencia.

En este sentido, el alcalde destaca que el propio tribunal califica de dilatorios los recursos promovidos por la propiedad y le atribuye expresamente “mala fe procesal y abuso de derecho”, consideraciones que, a juicio del gobierno municipal, refuerzan la posición que ha mantenido el Ayuntamiento durante la tramitación del procedimiento. “Lo que a priori puede parecer una mala noticia también tiene una lectura positiva, porque la Sala avala la gestión realizada por el Ayuntamiento de Yaiza”, señaló durante su intervención.

El auto concede a la corporación local un año para la redacción del proyecto y, posteriormente, un plazo no superior a dos años para su ejecución, todo ello a costa de la entidad propietaria, Hotel Princesa Yaiza SA.

Óscar Noda fue especialmente contundente al referirse a la financiación de los trabajos: “Sí es verdad que en un principio tendremos que adelantar nosotros los fondos, pero está claro que ningún vecino o vecina de Yaiza va a tener que pagar la demolición de ese hotel”.

La propia resolución judicial establece que el coste de la demolición se repercutirá a la propiedad del complejo hotelero pero el regidor insistió en enviar este “mensaje de tranquilidad a la ciudadanía”, recordando que el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir las resoluciones judiciales, pero también la responsabilidad de defender los intereses generales y proteger los recursos públicos.

Tramitación inmediata de la demolición

Tal y como indicó en la comparecencia, nada más recibir el fallo y después de analizar su contenido con los servicios jurídicos, el regidor sureño dictó una providencia dirigida a la Oficina Técnica Municipal para activar de inmediato las actuaciones necesarias para su cumplimiento.

El Ayuntamiento procederá a la elaboración de los pliegos administrativos y técnicos que permitan contratar los trabajos de demolición, así como los servicios de dirección facultativa de las obras, teniendo en cuenta la complejidad de una intervención que afecta aproximadamente a dos terceras partes del complejo hotelero.

El alcalde explicó que la actuación debe planificarse con especial rigor técnico para garantizar que la parte de la edificación que permanezca en pie conserve las condiciones necesarias de estabilidad y seguridad, evitando que los trabajos de demolición ocasionen problemas posteriores en la estructura que no resulte afectada por la sentencia.

El alcalde valoró asimismo que el tribunal haya respetado los tiempos solicitados por el Ayuntamiento para organizar una actuación de estas características, que requiere la redacción de documentación técnica, la preparación de los procedimientos de contratación y la posterior ejecución material de las obras.

Durante todo este proceso, el Ayuntamiento mantendrá informada a la Sala de las actuaciones que vaya desarrollando, dando cuenta de los avances administrativos y técnicos conforme a lo requerido en la resolución judicial.

La propiedad deberá asumir el coste

El alcalde reiteró que la prioridad municipal es dar cumplimiento a la sentencia sin que ello suponga una carga económica definitiva para las arcas públicas. Una vez completada la documentación necesaria, el Ayuntamiento solicitará que sea la propia propiedad quien ejecute los trabajos de demolición y, en caso de que no atienda este requerimiento, será la Administración local quien acometa la actuación, repercutiendo posteriormente su coste a los responsables.

En este sentido, insistió en que ningún vecino de Yaiza pagará las consecuencias económicas. “Si tenemos que adelantar el dinero para ejecutar la demolición, lo haremos, pero ese coste corresponde a la propiedad y así lo recoge la resolución judicial”, ha subrayado Óscar Noda.

Preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de que la propiedad plantee una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, Noda explicó que esta cuestión ya ha sido consultada con los servicios jurídicos y que el propio fallo judicial descarta que pueda utilizarse esta vía para obtener una compensación económica, teniendo en cuenta los beneficios que la explotación hotelera ha generado durante todos estos años.

Ningún planeamiento futuro amparará las irregularidades

Otro de los aspectos que deja claro el tribunal en la resolución es que una mera expectativa de regulación futura no constituye motivo suficiente para paralizar la ejecución de una sentencia firme y recalca que ningún planeamiento posterior puede utilizarse como argumento para eludir las obligaciones establecidas judicialmente.

Óscar Noda recuerda que la situación urbanística del complejo era conocida desde hace años y considera que buena parte de este prolongado procedimiento podría haberse evitado si la propiedad hubiera asumido en su momento las consecuencias de la imposibilidad de legalizar las edificaciones afectadas.

En este sentido, Noda afeó que en los últimos informes remitidos en este procedimiento a la Sala tanto por la Fundación César Manrique como por el Cabildo de Lanzarote, prácticamente le acusaban de “connivencia con el promotor”, y se ha demostrado que en ningún caso ha sido así, que el Ayuntamiento ha requerido a la propiedad en varias ocasiones, que acata y aplica las sentencias y, de hecho, la Sala detalla que “que es la Administración local ejecutada la que, por vez primera, propone una fórmula que permitiría cumplir la sentencia”.

El auto indica, además, que al hotel no le son aplicables los incentivos a la renovación y recualificación turística, tal como ya resolvió la misma Sala en su sentencia 88/2022.

Mensaje de tranquilidad al sector turístico

El alcalde quiso también trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a los trabajadores y al conjunto del sector turístico, subrayando que “nuestra planta hotelera no corre ningún tipo de peligro”, detallando que estamos ante un procedimiento concreto, que afecta a unas edificaciones determinadas, y su obligación es actuar con responsabilidad, rigor y respeto absoluto a las decisiones judiciales.

“Nuestra planta hotelera es moderna, estable y da un servicio de calidad. De hecho es uno de los primeros destinos turísticos de Lanzarote y de Canarias, pero también tenemos que ser rigurosos y cumplir con las sentencias judiciales y el cumplimiento de la legalidad urbanística”, concluyó el regidor.