Corrupción

El diccionario de la RAE define  corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como "práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Esta lacra, de larga memoria histórica, constituye  un  problema importante  para nuestra democracia. 

Cuando gobierna la derecha  es refinada, organizada, de guante blanco. Como ejemplo, el  reciente caso Montoro, antiguo ministro de Hacienda, el entramado de ocultación era tal que la instrucción se mantuvo en secreto durante 7 años y la fiscal supuestamente recibió presiones para no concluir la investigación. El objetivo era, nada menos, que hacer leyes a medida de ciertos intereses.

En la izquierda este estigma tiene caracteres menos sofisticados, más burda y poco organizada, casi de ladrones a saco. Lo ejemplifica  el caso tito Berni, un diputado, que, junto a otros cargos de su misma catadura moral, presumían de tener influencia en el reparto de fondos europeos, cosa rotundamente falsa. Aceptaban sobornos de empresarios a cambio de beneficiarlos con su "influencia". Como la mentira tiene las patas cortas, un empresario, que les pagó y no obtuvo nada a cambio, los denunció.

Esta podredumbre, al margen de su origen, es vergonzante y execrable. Debe ser castigada con toda la dureza de la ley y fuerte reproche social.

En el otro extremo del hilo están los corruptores, aquellos que ofrecen dinero y prebendas a cambio de favores, casi siempre empresas, pero con nombres propios detrás. Suelen salir impunes, impolutos, todo lo más algún despido simbólico. Apenas existe castigo corporativo.  Hace falta acción política, modificar leyes endurezcan las penas y que las consecuencias se noten. Que les duela  el bolsillo y en su imagen pública.

Tampoco los medios de comunicación social, salvo honrosas excepciones, tienen una actuación ejemplar. Ponen el foco en los corruptos, pasando de puntillas por los corruptores.  Parece que lo que vende es quien trinca y no quienes se benefician. Desatienden lo más importante: qué hacer para que hechos como estos  no se repitan. Las 15 medidas contra la corrupción propuestas por el gobierno han tenido poca difusión y menos debate. Los medios tienen una importante responsabilidad con la ciudadanía. Deben estar a la altura: analizando, criticando y dando voz a los que proponen soluciones al problema. En algo se deberían diferenciar de la prensa rosa.

En Europa, las leyes de transparencia son más exigentes que las españolas y los castigos legal y social son más duros. Ahí  tenemos una pauta a seguir.

Pero también las relaciones institucionales entre los dos partidos llamados a gobernar dejan mucho que desear. En lugar de entregarse a bochornosas grescas- con insultos y descalificaciones personales incluidas- que contemplamos cada vez que hay pleno en las Cortes, deberían centrarse en buscar y consensuar soluciones a cuestiones de estado como  esta. El  espectáculo no puede ser más deplorable.  Con estos modos, están sembrando la desafección a la política y erosionando gravemente las instituciones, abonando el terreno para  apóstoles de  soluciones simplistas a problemas complejos, aquellos que echan la culpa de todos los males a la inmigración.

La respuesta a este problema está en nosotros, ciudadanos de a pie. Protestando cuando las cosas no se hacen bien y exigiendo medidas, castigando la corrupción y no mostrándonos ni dóciles ni conformes. No podemos seguir con la actual dinámica, que no conduce a ninguna parte. La clave está en ejercitar nuestros derechos   democráticos: participación ciudadana masiva, crítica positiva y, sobre todo, plantear soluciones.