El déficit de financiación educativa en Canarias para 2026 ya roza los 600 millones de euros, según denuncia la Plataforma del 5%

La Plataforma 5% para Educación se reúne con la Diputada del Común para denunciar el incumplimiento de la Ley Canaria de Educación

 La Educación canaria sufre ya un déficit de financiación cercano a los 600 millones de euros, la mayor brecha registrada desde la aprobación de la Ley Canaria de Educación en 2014. Así lo manifestó la Plataforma para el 5% para Educación en la reunión de trabajo mantenida este lunes con la Diputada del Común, Lola Padrón, en la que le trasladó su preocupación por el contenido del Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026. En este, la inversión educativa se sitúa en el 4,07% del PIB, incumpliendo de nuevo el mandato legal que fija un mínimo del 5%.

 Tras haberse llegado al 4,63% del PIB en 2023, al final de la anterior legislatura, desde entonces, los sucesivos presupuestos han consolidado un retroceso que aleja a Canarias del objetivo legal y de la convergencia con otros sistemas educativos del Estado. En el encuentro, la Plataforma recordó que la ley establecía alcanzar el 5% del PIB en 2022, y que once años después de su aprobación su incumplimiento es estructural. Esta insuficiencia presupuestaria tiene efectos directos en la escolarización de 0 a 3 años, la dotación de profesorado, la atención a la diversidad, la modernización de infraestructuras y el desarrollo de medidas de refuerzo e innovación educativa.

 En la reunión, la Diputada del Común manifestó su atención a los argumentos expuestos y su compromiso de analizar la queja presentada, en el marco de sus funciones de defensa de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una educación en condiciones de equidad y suficiencia de recursos.

 La Plataforma 5% para Educación subraya que la inversión educativa no es un gasto, sino una condición imprescindible para ampliar las oportunidades vitales del alumnado canario y reducir la desventaja educativa histórica del Archipiélago. La queja presentada ante la Diputación del Común persigue precisamente activar los mecanismos institucionales necesarios para que el Gobierno de Canarias cumpla la ley vigente y garantice una financiación acorde a las necesidades reales del sistema educativo y de las generaciones presentes y futuras.