¿"Persona non grata" o políticos ingratos?

Los periódicos nacionales recogían ayer una noticia común: el Ayuntamiento de Palma de Mallorca aprueba una moción para declarar persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La iniciativa ha tenido una amplia difusión mediática y, sobre todo, un notable recorrido en redes sociales, donde ha sido celebrada por jóvenes afines a la medida. Ahora bien, pasada la primera reacción -emocional, por supuesto-, conviene hacerse una pregunta básica: ¿esto sirve para algo?

La respuesta, por incómoda que resulte para algunos, es sencilla: no.

La iniciativa tiene la misma repercusión legal que un tuit enfadado del concejal de turno: ninguna.

No se trata, además, de un episodio aislado. Ya lo hemos visto en Albacete, donde también se aprobó esta moción o incluso en nuestra isla, donde ya se vivió una situación similar cuando el Partido Popular llevó al Cabildo Insular una propuesta para declarar persona non grata a Pedro Sánchez. El conflicto político fue tal que el pleno tuvo que suspenderse, y la iniciativa acabó retirándose tras advertencias jurídicas que señalaban lo evidente: una institución local no tiene competencia para este tipo de declaraciones.

El significado real de “persona non grata”

El término persona non grata pertenece al ámbito del derecho internacional y está regulado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En ese contexto, permite a un Estado declarar no deseado a un diplomático extranjero y exigir su retirada, con consecuencias jurídicas claras.

Fuera de ese marco -cuando lo utiliza un ayuntamiento o un cabildo- la expresión pierde todo su contenido legal. No impide la entrada del presidente al municipio, no altera cargos ni limita derechos. Se convierte, en realidad, en una declaración simbólica, que, a mi juicio, cuando proviene de tu máximo rival político, carece de un verdadero contenido simbólico más allá de la obviedad.

Las competencias importan

Y aquí se encuentra el núcleo del problema. Los ayuntamientos y cabildos existen para gestionar lo cercano: vivienda, transporte, planificación urbana… Es en esos ámbitos donde pueden -y deben- centrar sus medidas.

No tienen competencias sobre la presidencia del Gobierno ni sobre la política estatal. Por ende, el debate no debería centrarse en a quién se señala, sino en desde qué institución se hace y con qué finalidad.

No es una cuestión de ideología ni de afinidad partidista: si en su momento un ayuntamiento gobernado por el PSOE hubiera declarado persona non grata a Mariano Rajoy, el problema sería exactamente el mismo. No por la persona aludida, sino por el uso impropio de una institución que debería estar dedicada a gobernar lo cotidiano.

Política simbólica y desafección generacional

Buena parte de la motivación para escribir este artículo no nace tanto de lo ocurrido en Palma de Mallorca, sino de cómo se ha difundido y consumido la noticia, especialmente entre personas jóvenes. Pero, en realidad, no es justo culpar a la juventud de la desafección política existente, ni de la falta de conocimiento sobre las competencias de cada administración. Esa desafección es, en gran medida, culpa de nuestros dirigentes políticos.

Cuando las instituciones priorizan el gesto simbólico, el enfrentamiento y el titular fácil frente a la pedagogía política y la gestión real, difícilmente se puede exigir a la ciudadanía que comprenda cómo funciona el sistema político español o que conecte con él. La confusión competencial no es solo un problema educativo: es también el resultado de una política que muchas veces renuncia a explicarse por propia conveniencia.

La crítica política -y mucho más, cuando hablamos del máximo dirigente del país- es legítima y necesaria. Pero utilizar los plenos municipales para escenificar conflictos que no pueden resolverse desde lo local no fortalece la democracia, sino que confunde el papel de las instituciones y alimenta la polarización en la que se ve envuelta el país.

Quizá el reto esté en algo más sencillo: que los representantes públicos vuelvan a centrarse en aquello para lo que han sido elegidos. Gobernar lo cercano, rendir cuentas y mejorar la vida cotidiana de la gente. Puede que no genere tantos titulares ni tanto revuelo en las redes de los jóvenes, pero es la única forma de recuperar sentido, confianza y calidad democrática.