Opinión

La vida en si es un viaje. Nos movemos por alcanzar objetivos, para avanzar y para regresar a nuestra Ítaca particular. También, y más en nuestras islas, nos toca viajar por trabajo. No tanto como cierto consejero del PP, que llegó a gastar 21.700 euros en 14 viajes en tan sólo 4 meses, o como cierto expresidente del Cabildo, que asumiendo un rol casi de Ministro de Asuntos Exteriores entendió que sus obligaciones le obligaban a desplazarse a territorios tan variopintos como San Antonio (Texas) con la excusa peregrina de que fue fundada esa población por un grupo de canarios, algunos de los cuales eran lanzaroteños, o a Sudáfrica para acompañar a un grupo de bomberos de Lanzarote a un campeonato, aprovechando la coyuntura para saltar en paracaídas, aparte de viajar a Brasil, Alemania, Estados Unidos, Perú, Cabo Verde, Inglaterra, entre otros destinos.

No sé cuánta veracidad hay en la denuncia que ha hecho públicamente Canal Gestión Lanzarote a través de varios medios de comunicación alegando que el Consistorio de Tinajo desde hace unos 4 años no le ha pagado las facturas por el agua potable que ha consumido en sus respectivos lugares sociales.

No suelo defender a ningún político por acudir a un acto u otro. En cambio, todo sea dicho, sí suelo criticarles cuando van a un acto que a mí me parece indigno por su condición y representación. Pero hoy voy a hacer una excepción, porque creo que el tema lo merece. Y, además, estoy en contra de que se criminalice a colectivos que actúan amparados en la más absoluta legalidad y de acuerdo con tradiciones que han ido adaptándose a la realidad social cambiante.  

Hace ya más de diez años cuando moderaba una tertulia radiofónica de mediodía propuse como tema de debate el contenido de un ensayo sobre lenguaje y comunicación escrito por  Noam Chomsky,  lingüista, politólogo y activista estadounidense, hoy casi con 94 años de edad, citado por el New York Times como “el intelectual más importante en la actualidad”, y sin duda de los más destacados del siglo pasado. Cada vez que puedo, recomiendo su lectura, tanto como a Atilio Borón, sociólogo y politólogo argentino, en aras de buscar textos alternativos a la lineal cotidianidad. 

 Una de las ocupaciones de los adolescentes de la época de mi infancia, allá en los años setenta del siglo pasado, en mi rural pueblo de Tías, era ir a hacer la compra.

 La actitud de algunos miembros del Partido Popular y del Consejo General del Poder Judicial en lo que hace a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y de miembros del Tribunal Constitucional, tras casi cuatro años de intolerable bloqueo en el primero de los casos y casi dos meses en el segundo, ha traspasado cualquier mínima línea de vergüenza y decencia dentro de un país que se autoproclama como democracia avanzada y consolidada.

No sé cuándo conocí a Pedro de Armas Sanginés personalmente.

El año anterior, mi madre me lo había prohibido tajantemente.

Que desde un gabinete institucional, como es el Gabinete de Prensa del Cabildo de Lanzarote, se aplaudan en notas de prensa oficiales las triquiñuelas del tránsfuga de libro Juan Manuel Sosa para retrasar el pronunciamiento de los tribunales sobre su expulsión, no puede considerarse sino una auténtica vergüenza y anomalía democrática que atenta directamente contra la dignidad de la institución de la que tanto presume Dolores Corujo, pero que tanto desprestigia con sus acciones.

Queda demostrado, una vez más, que la altura de miras, la responsabilidad y el diálogo en política siempre dan sus frutos.