El Juez pide fianza de 1,3 millones de euros para José Montelongo por las facturas de INELCON y SEÑALCON
También solicita fianza al interventor Carlos Francisco Sáenz Melero, por importe de 3.256.000 euros y a Carlos Enrique Lemes Bermúdez, administrador de las mercantiles, por esa misma cantidad, entre otros técnicos y políticos
El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras Gil, ha solicitado fianza de 1, 3 millones de euros al actual alcalde de Arrecife, José Montelongo, en la pieza separada de las diligencias previas 572/12 del caso Montecarlo, incoadas en este mismo Juzgado por auto de 29 de marzo de 2012, en virtud de denuncia presentada por el Ministerio Público por hechos que resultan de las anteriores actuaciones, y que sin perjuicio de una depurada calificación jurídica por parte del Ministerio Fiscal y de la acusación personada, podrían ser constitutivos de delitos contra la administración pública en su modalidad de prevaricación, fraude, y/o malversación de caudales públicos, así como delito de falsedad en documento mercantil, y falsedad en documento oficial. También solicita fianza a Carlos Francisco Sáenz Melero, interventor del Ayuntamiento, por importe de 3.256.000 euros y a Carlos Enrique Lemes Bermúdez, administradores de las mercantiles, por esa misma cantidad de 3.256.000 euros; a Miguel Ángel Leal Cedrés, 400.000 euros; Ángel Eduardo Lasso González, 536.800 euros, José Nieves Caraballo, 648.660 euros; Víctor Manuel Sanginés Tremps, 1.290.000 euros.
Además solicita fianza a Isabel Martinón López, por importe de 681.000 euros, a Penélope Tabares Garcia, 480.300 euros; José Antonio Cabrera Moreno, 176.000 euros; Alberto Morales Betancort, de 532.000 euros; Víctor Manuel Betancort León, por importe de 432.500 euros e Isidro Hernández Fuentes por importe de 78.200 euros. Asimismo se le pide a “INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONEJERAS S.L.”, por importe de 3.066.666 euros y “SEÑALIZACIONES CONEJERAS S.L.”, por importe de 189.333 euros.
En el auto se recoge que con la provisionalidad del presente momento procesal, los hechos parten en todo caso de la sustracción de caudales públicos del Ayuntamiento de Arrecife, al menos entre los años 2008 y 2012, por parte de los investigados en cuanto funcionarios y cargos públicos del mismo en beneficio de las mercantiles “Instalaciones Eléctricas Conejeras S.L.” (INELCON), y “Señalizaciones Conejeras S.L.” (SEÑALCON), administradas por Carlos Enrique Lemes Bermúdez.
Para ello crearon un entramado en el que todos ellos colaboraban, prevaliéndose de sus respectivos cargos, y apoyados en la superior labor fiscalizadora del Interventor Carlos Sáenz Melero, como máximo responsable del control del gasto municipal. La forma de sustraer los fondos consistía en adjudicar contratos a dichas empresas al margen de toda la normativa administrativa aplicable, comenzando porque nunca se tramitaba expediente de contratación, todas las adjudicaciones eran verbales, se fraccionaban los contratos y la facturación para eludir los procedimientos de licitación pública, se facturaban cantidades indebidas, y se pagaban servicios no prestados, entre otros múltiples incumplimientos.
Según señala el informe pericial de la Intervención General del Estado, de esta forma el Ayuntamiento de Arrecife concedió directamente a la empresa “INELCON S.L.” contratos que dieron lugar a 124 facturas por importe total de 2.258.835,63 €, en el periodo comprendido entre el 7/1/2009 al 10/1/2011, en detrimento del resto de empresas que podían realizar el mismo servicio. Dicha empresa además, de acuerdo con su objeto social, no era apta para determinadas actividades facturadas hasta la ampliación de su objeto social en el año 2011, por lo que no debía haber sido adjudicataria ni siquiera directamente por medio de los contratos menores utilizados por la administración.
Al incluirse indebidamente el 16% de beneficio industrial y el 6% de gastos generales en todas las facturas, se pagó simplemente por ese hecho un sobreprecio de 407.331,02€ entre el 7/1/2009 y el 10/1/2011 en el caso de “INELCON S.L.”, y de 25.388,311 € en el caso de la empresa “SEÑALCON S.L.” entre el 1.04.2008 y el 7.06.2011.
Los pagos se hacían tras la emisión de documentos contables y órdenes de pago de los Concejales de Hacienda investigados, supuestamente fiscalizadas por el Interventor, a través de las cuales los distintos funcionarios y cargos públicos investigados validaban el pago de todas las facturas, mediante la estampación de su firma en éstas, como si los servicios se prestaran correctamente y los importes consignados fueran conformes2 a derecho. De esta forma, se abonaron desde el año 2008 hasta el año 2012 fiestas de Carnaval, Navidad, reformas e instalaciones eléctricas, reparaciones de semáforos, o ferias y mercadillos sin control alguno en su legalidad, únicamente al arbitrio de las demandas de las citadas empresas, a las que los responsables municipales accedían.