El Consejo Asesor y de Administración de Puertos Canarios, presidido por Pablo Rodríguez Valido, ha aprobado definitivamente este viernes los expedientes para la tramitación de las prórrogas de las concesiones de los puertos deportivos de Pasito Blanco, en Gran Canaria, y El Barquito, en Puerto Calero, en la isla de Lanzarote.
Esta resolución da continuidad al proceso iniciado el pasado mes de mayo, cuando se aprobó inicialmente la prórroga y se inició su exposición pública. La medida se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de Canarias para renovar y actualizar las concesiones de instalaciones náutico-deportivas que se consideran clave para el desarrollo y la modernización del dominio portuario de titularidad autonómica.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha destacado que “este fue uno de los objetivos que nos marcamos desde el inicio del mandato, y hoy podemos decir con satisfacción que lo estamos cumpliendo. Consideramos fundamental que nuestros puertos deportivos avancen hacia un modelo más eficiente, moderno y sostenible, porque son infraestructuras esenciales para el desarrollo económico, turístico y social del Archipiélago, además de contribuir a su conexión y proyección exterior”.
Las entidades concesionarias han presentado proyectos que "incorporan medidas de mejora en eficiencia energética, sostenibilidad ambiental, productividad operativa e innovación tecnológica, así como en la calidad de los servicios prestados, especialmente en los ámbitos del turismo, el ocio y el deporte náutico".
En concreto, la propuesta de inversión para el Puerto de Pasito Blanco asciende a 3.356.740,89 euros, a los que se suman 808.101,63 euros destinados a mantenimiento y reposición. La prórroga tendrá una vigencia de 25 años y establece un canon anual de 163.457,95 euros.
Por su parte, el proyecto para El Barquito, en Puerto Calero, contempla una inversión de 4.462.202,35 euros, junto con 2.936.997,65 euros para mantenimiento y reposición. En este caso, la prórroga se extenderá por 35 años, con un canon anual de 194.316,23 euros, que se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, compareció esta mañana ante los medios para explicar los motivos que le llevaron a suspender el pleno ordinario previsto para este mes de julio. Según detalló, la decisión se tomó tras recibir dos registros de entrada con posturas enfrentadas sobre una moción del Partido Popular, lo que generó una situación de “riesgo jurídico” para la institución. “Lejos de entrar en cuestiones políticas, lo que hago es una providencia al secretario para que se haga un informe jurídico acorde a derecho... Me he visto obligado a suspender el pleno para actuar conforme a derecho y que nadie se vea perjudicado.”
Betancort explicó que uno de los registros incluía una moción del PP para declarar “persona non grata” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de otras propuestas. Al conocer el contenido del orden del día, el PSOE presentó un nuevo registro solicitando la retirada de la moción y advirtiendo de posibles acciones legales. “Se advertía expresamente que se recurrirían acciones legales que le asistieran en defensa de la legalidad”, relató el presidente.
“Lejos de entrar en valoraciones políticas”, explicó Betancort, “emití una providencia al secretario para que elaborara un informe jurídico acorde a derecho”. El informe, según detalló, evidenciaba que dicha moción “estaría viciada de nulidad de pleno derecho”, debido a que “la declaración de persona non grata al presidente del Gobierno no es competencia del Cabildo”.
Pese a ello, y en un intento de respetar todas las posturas, se convocó una reunión del grupo de gobierno, en la que participaron también los consejeros del Partido Popular. De ese encuentro salió el acuerdo de elevar el asunto a la junta de portavoces. “Lo que determinara la junta de portavoces es lo que haría el presidente”, aseguró. Finalmente, la mayoría de los grupos -excepto el PP- se posicionaron en contra de mantener la moción en el orden del día, por lo que se decidió retirarla.
La situación, sin embargo, se volvió más tensa al final del día. “Prácticamente entrada la noche, a las nueve, este Cabildo recibe un registro de entrada donde se advierte al presidente de que, si no se debate la moción, estaría incurriendo en responsabilidad penal”, afirmó. Ante esta nueva advertencia, Betancort decidió emitir una segunda providencia al secretario, solicitando que “exprima un poco más el informe jurídico” y le indique cómo debe actuar la presidencia “para no atentar contra los derechos de unos ni de otros”.
En la ronda de preguntas los medios le preguntan si el problema pudo resolverse de forma interna antes de llegar a esta situación, a lo que Betancort admitió que “si dos no se ponen de acuerdo, alguien se tuvo que poner de acuerdo para llegar a este momento”. Reprochó que “por la mañana hubo un acuerdo entre socios de gobierno, y por la noche, un registro de entrada que cambia todo”. Y añadió: “Tendrá que ser el Partido Popular quien responda por ese giro. Yo no he provocado esta situación”.
Más allá del conflicto institucional, el presidente trató de mostrar su preocupación por las consecuencias prácticas de la suspensión del pleno. “Hoy se iba a votar la adquisición de un edificio en Arrecife para dotar a Lanzarote de una segunda biblioteca”, lamentó. También se iban a modificar los miembros del órgano ambiental y aprobar por primera vez un reglamento para el Consejo Insular del Tercer Sector. “Lo que me ocupa es lo que se ha dejado de votar para la isla de Lanzarote y La Graciosa. Eso sí me importa. El resto, para mí es banal”, zanjó.
Para cerrar la rueda de prensa, Oswaldo Betancort dirigió sus palabras a la ciudadanía: “Yo no me quiero ver envuelto en guerras de unos ni de otros. Aquí que gane el mejor, pero quien está siendo realmente afectada es la isla de Lanzarote”. Por ello, insistió en que actuará “conforme a derecho” y que ha dado al secretario un plazo de “una semana o diez días” para que emita un nuevo informe jurídico que le permita convocar un pleno sin riesgos legales. “Mi responsabilidad es con Lanzarote, no con batallas políticas”, concluyó.
