Obviar que la consecución de derechos, su preservación y defensa para evitar inexplicables retrocesos, que los hay, ha costado y sigue costando sangre, sudor y lágrimas, es directamente ignorar el legado de la humanidad o absoluta falta de interés en el conocimiento de la historia que caprichosamente nos refriega acontecimientos que a veces se repiten con mismos pueblos actores en direcciones contrarias.
La intención de quienes aprobamos el Código de Conducta de las Cortes Generales el 1 de octubre del 2020, por cierto, desconocido para senadores del PP con altas responsabilidades, viene expresada desde su preámbulo cuando explicitábamos que la ratio decidendi de esa regulación era garantizar que la ejemplaridad y transparencia constituyeran los principios básicos de conducta de los parlamentarios y parlamentarias. Lógico, ya que, como representantes de nuestro pueblo, debíamos responder con nuestro comportamiento a los más exigentes imperativos éticos.
Comienza el curso político más trascendental de este mandato. Consumidos los dos primeros años de forma holgada, este curso nos planta a las puertas de la campaña electoral de 2027. Ha comenzado la cuenta atrás. Los que no se han significado desde sus cargos, tiempo y dinero público han tenido. Y la verdad es que se han visto más palabras que hechos, al contrario de lo que quiere vender el presidente del Cabildo con su manido “Hechos, no palabras”. Pero tampoco eso es nuevo en la política, donde hacer lo contrario de lo que se dice parece una costumbre demasiado arraigada.
Cuando César Manrique dijo aquello de que «un pueblo sin educación está condenado a la ruina», quizá no pensaba que sus palabras resonarían tanto hoy en día. En nuestro archipiélago el 14,4 % de los jóvenes entre 18 y 24 años abandona sus estudios demasiado pronto, casi dos puntos por encima de la media del Estado Español. Lo cierto es que estas cifras no son consecuencia exclusivamente a la mala gestión en educación, porque sino la solución sería sencilla: invertimos unos cuantos millones más en educación y se acabó el fracaso escolar, ¿no? ¿Dónde está el fallo entonces? La respuesta no es sencilla, y hay que mirarlo desde una perspectiva holística.
Junto a los servicios públicos -sanidad y educación- y las políticas de cuidados a las personas, el sistema de pensiones constituye uno de los elementos esenciales del Estado social. En sus distintas modalidades -jubilación, viudedad, orfandad…- son un potente motor de solidaridad y cohesión que contribuye a que las sociedades sean más justas y equilibradas, con mayor equidad. Son una conquista democrática que debemos defender y mejorar. Especialmente en un momento muy preocupante, como el que vivimos, con en el auge de las ideas de ultraderecha, sus discursos y prácticas iliberales que pretenden destruir el papel del estado y dejar todo en manos del mercado, de la iniciativa privada. Con especial énfasis en intentar acabar con las pensiones de jubilación públicas, asunto en el que coinciden con las derechas clásicas.
Ni imaginar Gloria y Emilio Estefan que desde Lanzarote iban a discutirles un pedacito de popularidad, y no por su rentable trayectoria musical en el pop latino, asentada en los ochenta con la banda Miami sound machine a partir de su hit internacional ‘Conga’, ni mucho menos por premios Grammy o puestos de privilegio en las listas de la afamada revista Billboard, aunque sí por el revuelo mediático generado en España por una declaración pública del político de Coalición Canaria (CC), Jesús Machín Duque, alcalde del municipio de Tinajo, cercano a los siete mil habitantes, relacionada con un asunto muy pero muy serio.
Lanzarote, una isla donde la actividad agrícola empezó muy temprano, donde en épocas atrás, cualquier lugar cultivable era aprovechado por el humano; una isla, que, por la dificultad de su territorio, escarpado, árido y volcánico, obligó al agricultor a desarrollar técnicas propias de cultivo, hoy enseña al mundo sólo los vestigios de una actividad que muere cada día.
El próximo 19 y 20 de septiembre, Lanzarote acogerá el I Congreso de Veterinarios y Auxiliares Veterinarios (ATVs) en el Cabildo.
La mejora del estado del bienestar, la igualdad o la conciliación familiar parecen haber encontrado una piedra en el camino. Tras largas negociaciones entre partidos, sindicatos y patronal; finalmente la ley de reducción de jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5; no ha salido adelante. Entiéndase bien, no es que no se haya aprobado, sino que ni siquiera ha sido aceptada a trámite. Esta disminución de jornada beneficiaría a 12,5 millones de trabajadores (56 % de la fuerza de trabajo). El resto, unos 10 millones, hace tiempo que disfruta de esta reducción. Se revalida e incluso se ahonda en una importante brecha en las condiciones de trabajo, que afecta a la igualdad. No existen dos Españas; sin embargo, este hecho confirma dos categorías de trabajadores.
