Opinión

 La palabra inclusión está en boca de todos, y cómo no, de políticos y políticas que la mencionan y repiten en sus discursos, aunque otra cosa bien distinta es si trabajan y están por la labor de desarrollar políticas inclusivas o por el contrario su sentir oculto  es discriminar y hablar en público de inclusión como un ‘queda bien’ ante el amplio sector de la sociedad que la reivindica y defiende.

Durante las últimas décadas, parecía que la globalización y el neoliberalismo configuraban un sistema-mundo donde las naciones y los Estados quedaban como algo antiguo, anacrónico y vaciado de sentido. Los flujos de capital y las migraciones entre continentes y países hacían de los antiguos Estados-nación sociedades multiculturales, cosmopolitas y abiertas al capitalismo de Estado.

En Tinajo hay algo que funciona perfectamente: la capacidad de vivir en dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, está la realidad oficial. Esa en la que todo va bien o está en vías de solución. Donde la gestión es impecable, las instalaciones municipales están en buen estado, los servicios funcionan correctamente y el municipio avanza con paso firme hacia un futuro brillante.

Hay frases que nacen de la impotencia. Del cansancio. De la sensación de que, para algunos, Canarias sigue siendo un territorio al que se le informa tarde, se le explica poco y se le exige obediencia absoluta.

Y estos días muchos canarios hemos sentido exactamente eso.

Nuestro vocabulario es tan amplio que aunque la Real Academia Española anota 93.000 palabras, que son muchísimas y diversas, hay estudios que elevan a 300.000 vocablos la riqueza léxica de la lengua española, sumando tecnicismos, regionalismos y neologismos que la RAE no registra o acepta oficialmente.

Desarrollamos la vida sobre un territorio concreto. En nuestro caso, Canarias, un archipiélago con ocho islas habitadas. Y las distintas actividades -industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, energéticas, de movilidad de personas y mercancías...- impactan sobre el mismo. Sobre sus paisajes rurales. Sobre sus costas. Sobre los espacios urbanos. Sobre la calidad del aire que respiramos. Por eso, se hace imprescindible legislar para hacer posible en las mejores condiciones la vida cotidiana de sus habitantes, el desarrollo de las distintas actividades económicas y, asimismo, la preservación de la Naturaleza. Pensando no solo en el corto y medio plazo, sino con mirada mucho más larga. Esta es, sin duda, una de las principales competencias del Estatuto y en las que ha habido etapas en que se han tomado las decisiones adecuadas y otras en que no se ha defendido el interés de la mayoría.

A falta del pronunciamiento oficial del “científico” Miguel Bosé, saltó la horda de agitadores, políticos y partidos españoles, que pagan a quienes juegan a ejercer de periodistas, a realizar un uso torticero del hantavirus para sembrar alarma, miedo y crear confusión, es el espectro donde se está moviendo la derecha y derecha ultra española, y eso no cambiará, al menos por ahora.

En los últimos días se han vertido críticas por parte del PSOE hacia mi persona en relación con la situación de la residencia de mayores Amavir. Entiendo que el bienestar de nuestros mayores genera preocupación —y debe hacerlo—, pero conviene abordar este asunto desde la responsabilidad, el rigor y, sobre todo, desde el conocimiento real del trabajo que se está desarrollando.

 La primera legislatura autonómica, desarrollada entre los años 1983 y 1987, supuso poner en marcha una ingente tarea en el camino de construcción del recién estrenado autogobierno. Todavía estaban por definirse, recibirse y ponerse en funcionamiento las competencias que fueron llegando posteriormente en las más diversas áreas. En esos momentos se comenzó a edificar, con escasos medios, pero mucha voluntad, entusiasmo y convicción autonomista, la arquitectura inicial del Gobierno de Canarias en todos sus ámbitos.

Mi hijo y dos jóvenes estudiantes canarios más, que comparten piso en Madrid, forman parte del grupo de casi tres millones de personas españolas, de distintas ideologías políticas, sensibilidades y gustos, como toda sociedad diversa, afectadas por la caída del decreto ley de prórroga de alquileres, que aunque aprobado el pasado 20 de marzo en el Consejo de Ministros, no consiguió ser convalidado este 28 de abril en el Congreso de los Diputados.