Opinión

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha tenido que ver los resultados de una encuesta propia para darse cuenta que no va por buen camino. Que a pesar de llevar dos años malgastando el dinero de la primera institución de la  isla en fiestas, subvenciones, enchufes, viajes por medio mundo y llenándoles la alcancía a los predicadores del “nuevo periodismo insular” que confunden el periodismo de investigación (del que hablan para atacar a la oposición  y adorar al gobierno que les unta) con utilizar de referencia (y piedra filosofal) el “glorioso argumentario” presidencial, el alcalde de Arrecife, Jonathan de León, con poco más de un año de político, le supera en valoración y expectativas electorales. Que sus dotes de actor y galán colombino/colombófilo en redes sociales y entrevistas orquestadas no llega más allá de la parroquia a la que mantiene a cuerpo de rey a cargo del Cabildo de Lanzarote. Y eso duele. Y duele mucho. Y, entonces, le dicen que hay que dar un golpe sobre la mesa en los verdaderos problemas que tiene la isla.

El pasado viernes 21 de marzo en nota informativa publicada en diversos medios de comunicación, la empresa concesionaria del ciclo integral del agua en Lanzarote y la Graciosa desde el año 2013 en el marco del día mundial del agua ha tenido el cinismo de acusar de derrochadores de agua a los residentes en la isla, con el argumento que en 2024 se consumieron tanta agua como en el año 2015, el doble de lo que según Canal Gestión recomienda la ONU.

El tiempo, los años, en fin, la vida... en mi caso, me ha brindado aparte del disfrute de las experiencias vividas, la "oportunidad" de cambiar todo aquello que debe ser objeto de mejora, debe ser en mi caso una cuestión de principios.

Desde los años 80 del siglo pasado, cuando emergió con fuerza la organización de la lucha canaria a través de la recién creada Federación de Lucha Canaria y sus seis satélites insulares, los aficionados y estudiosos de este deporte ancestral canario soñamos con una liga regional donde estuviera lo mejor de nuestro deporte,  luchadores y técnicas. En aquellos momentos, había grandes luchadores en casi todas las islas, con una vocación casi irrefrenable por llevar al contrario a la arena. A pesar de todo, el inicio de esta fase organizativa no estuvo libre de polémicas y enfrentamientos baldíos.  Tampoco faltaron las broncas asambleas a cara de perro donde la unificación de un montón de cosas conllevaba sacrificios de unos y otros: el Reglamento Unificado es una herencia de aquellos encuentros y desencuentros. Hoy parecería absurdo no tener el mismo reglamento en Lanzarote y en Tenerife. Pero no siempre fue así. Ni tan siquiera las sillas se sacaban igual: en la provincia occidental eran dos y los luchadores se enfrentaban de forma consecutiva hasta quedar eliminados. En la oriental, eran tres sillas y el sistema alterno, como ahora. Fue una victoria que tardó en cuajar y necesitó de un Antonio Cano exhausto en el pabellón de Miraflores, en La Palma, para ablandar corazones. En esa luchada, como en tantas otras, estuve presente.

La misma semana que cuarenta ciudades españolas se movilizaron masivamente por el derecho a la vivienda, tuvimos que soportar hechos del acontecer diario que parecen esas piezas cortas de teatro, con tintes burlescos, que antiguamente salían a escena entreactos o al finalizar las comedias, las llamadas mojigangas, interpretadas por personajes pintorescos y extravagantes.

 El modo de hacer política de CC y su Gobierno tiene sus referentes y sus consolidadas prácticas. Entre ellas, la mala gestión, como acabamos de ver con los 1.329 millones de euros presupuestados que la Comunidad Canaria dejó de gastar en el año 2024; lo que supone el peor porcentaje de ejecución de los últimos doce años. O, también, los 537 millones de superávit del mismo ejercicio (el triple de lo que tenían previsto en las cuentas públicas) que irán obligatoriamente al pago de la deuda y no podrán ser usados para financiar los servicios públicos, la vivienda o las inversiones; eso sí, con un Gobierno que aumentó el 30% sus asesores y altos cargos. Otra característica diferenciadora es la incapacidad para afrontar decisiones que corresponden al ámbito competencial del autogobierno y, paralelamente, el hábito de despejar el balón hacia el campo de otras administraciones sea la estatal o la de la Unión Europea. El más reciente ejemplo lo encontramos en el papel del Ejecutivo respecto a las medidas para afrontar el reto demográfico en las Islas.

Los empleados públicos de toda España nos sentimos rehenes de un Gobierno que no tiene intención alguna de presentar Presupuestos. Nos vemos obligados en CSIF, como no podía ser de otra manera, a empezar el 4 de abril una serie de movilizaciones que tendrán lugar en todas las capitales de provincia. En Canarias las concentraciones se celebrarán a las 11 de la mañana ante la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y ante la Subdelegación de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, si el tiempo no lo impide. La paciencia se nos acaba.

Una sesión plenaria del Cabildo de Lanzarote es prueba suficiente para saber de qué va la política insular. Vale la última. No hace falta más. Es un verdadero circo, donde si acaso sobran payasos y se echa en falta equilibrista del buen gusto, del buen gobierno, capaz de hacer piruetas bonitas ante las más que evidentes muestras de peligros sociales y quiebros demagógicos. Hacía tiempo que no perdía toda una mañana viendo como los 23 consejeros que conforman el plenario insular escenifican sus miserias con toda impunidad. En realidad, la mayoría permanece en silencio, riéndoles las gracias a los de la bancada propia cuando toca y jugando con el móvil, como si la realidad estuviera allí adentro y no aquí afuera.

Competiciones de distintas disciplinas, inclusivas, populares, profesionales y de élite forman parte del programa de impulso al deporte. Óscar Noda valora "la apuesta municipal por actividades saludables y el impacto de los eventos deportivos en la promoción turística y economía local e insular"

En las últimas semanas se han vuelto a encender las alarmas en el ámbito universitario. La proliferación de universidades privadas supone ya una amenaza real para el sistema público. Y lo que es peor: está sucediendo con la complicidad de algunos gobiernos autonómicos. En Canarias lo sabemos bien.