
Cuando un desaprensivo preside un gobierno en cuyo mandato fueron ejecutados con alevosía 6.402 civiles por las Fuerzas Armadas de las que era comandante en jefe para presentarlos como bajas en combate de grupos insurgentes, trofeos de guerra en la búsqueda de popularidad a cuenta de una supuesta seguridad democrática, cuando un gobernante es capaz de perseguir sistemáticamente a defensores de derechos humanos a través de organismos de inteligencia y seguridad del Estado, en hechos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un “demócrata” perfila a periodistas y políticos de la oposición para sus intereses utilizando herramientas de poder para vincularlos con guerrillas, paramilitares, organizaciones mafiosas y hasta para desprestigiar la imagen pública de personas incómodas fabricando montajes de infidelidad sentimental, y así consta con nombres y apellidos en documentos oficiales, o cuando más de cuarenta personas de su anillo más cercano de colaboradores en el gobierno han sido condenadas por distintos delitos, incluidos ministros, parece trivial, a pesar de la gravedad de los hechos, que todo un presidente haya sido sentenciado, en primera instancia, a doce años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno de testigo en actuación penal.