Opinión

El martes 26 de mayo de 2026, la calle Teobaldo Power de Santa Cruz de Tenerife volvió a vestirse de “guapa”, como cada quince días, para recibir a quienes representan al pueblo canario y defienden los intereses de esta tierra en la casa de todos los canarios: el Parlamento de Canarias.

 En distintas ocasiones he señalado que la defensa de la sanidad es uno de los asuntos que, afortunadamente, genera mayor unanimidad entre la población. Situación ratificada, hace apenas seis años, en el reconocimiento colectivo de nuestro sistema sanitario en un momento tan crítico como fue la respuesta a la pandemia de la Covid 19. Formamos parte de los privilegiados estados y comunidades del mundo que cuentan con un sistema sanitario público, gratuito, universal y financiado con fondos públicos. Lo que posibilita que los ciudadanos y las ciudadanas, al margen de su condición social y económica u origen territorial y nacional, puedan acceder a un tratamiento o a una intervención quirúrgica de mayor o menor complejidad. En muchos lugares del mundo, incluso del desarrollado, muchas personas no pueden afrontar los gastos sanitarios y estos pueden llevarlos al empobrecimiento o incluso a la ruina, así como a verse obligados a renunciar a un tratamiento por no poder pagarlo.

 La palabra inclusión está en boca de todos, y cómo no, de políticos y políticas que la mencionan y repiten en sus discursos, aunque otra cosa bien distinta es si trabajan y están por la labor de desarrollar políticas inclusivas o por el contrario su sentir oculto  es discriminar y hablar en público de inclusión como un ‘queda bien’ ante el amplio sector de la sociedad que la reivindica y defiende.

Durante las últimas décadas, parecía que la globalización y el neoliberalismo configuraban un sistema-mundo donde las naciones y los Estados quedaban como algo antiguo, anacrónico y vaciado de sentido. Los flujos de capital y las migraciones entre continentes y países hacían de los antiguos Estados-nación sociedades multiculturales, cosmopolitas y abiertas al capitalismo de Estado.

En Tinajo hay algo que funciona perfectamente: la capacidad de vivir en dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, está la realidad oficial. Esa en la que todo va bien o está en vías de solución. Donde la gestión es impecable, las instalaciones municipales están en buen estado, los servicios funcionan correctamente y el municipio avanza con paso firme hacia un futuro brillante.

Hay frases que nacen de la impotencia. Del cansancio. De la sensación de que, para algunos, Canarias sigue siendo un territorio al que se le informa tarde, se le explica poco y se le exige obediencia absoluta.

Y estos días muchos canarios hemos sentido exactamente eso.

Nuestro vocabulario es tan amplio que aunque la Real Academia Española anota 93.000 palabras, que son muchísimas y diversas, hay estudios que elevan a 300.000 vocablos la riqueza léxica de la lengua española, sumando tecnicismos, regionalismos y neologismos que la RAE no registra o acepta oficialmente.

Desarrollamos la vida sobre un territorio concreto. En nuestro caso, Canarias, un archipiélago con ocho islas habitadas. Y las distintas actividades -industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, energéticas, de movilidad de personas y mercancías...- impactan sobre el mismo. Sobre sus paisajes rurales. Sobre sus costas. Sobre los espacios urbanos. Sobre la calidad del aire que respiramos. Por eso, se hace imprescindible legislar para hacer posible en las mejores condiciones la vida cotidiana de sus habitantes, el desarrollo de las distintas actividades económicas y, asimismo, la preservación de la Naturaleza. Pensando no solo en el corto y medio plazo, sino con mirada mucho más larga. Esta es, sin duda, una de las principales competencias del Estatuto y en las que ha habido etapas en que se han tomado las decisiones adecuadas y otras en que no se ha defendido el interés de la mayoría.

A falta del pronunciamiento oficial del “científico” Miguel Bosé, saltó la horda de agitadores, políticos y partidos españoles, que pagan a quienes juegan a ejercer de periodistas, a realizar un uso torticero del hantavirus para sembrar alarma, miedo y crear confusión, es el espectro donde se está moviendo la derecha y derecha ultra española, y eso no cambiará, al menos por ahora.

En los últimos días se han vertido críticas por parte del PSOE hacia mi persona en relación con la situación de la residencia de mayores Amavir. Entiendo que el bienestar de nuestros mayores genera preocupación —y debe hacerlo—, pero conviene abordar este asunto desde la responsabilidad, el rigor y, sobre todo, desde el conocimiento real del trabajo que se está desarrollando.