Para muchos, Canarias, debido a su identidad singular forjada por circunstancias geográficas, culturales e históricas, es una Nación, aunque sin Estado.
Por increíble que parezca, en nuestro país todavía siguen en vigor los presupuestos prorrogados de 2018, elaborados por el ministro Montoro bajo la presidencia de M. Rajoy. Hasta ahora, la aritmética parlamentaria y la renuncia del Partido Popular a ejercer sus responsabilidades políticas e institucionales han impedido que dispongamos de unos nuevos, pero, si ya era muy difícil desarrollar políticas de progreso con unos presupuestos conservadores, estos son completamente inútiles para combatir la crisis sanitaria, económica y social en la que estamos inmersos.
Si ya antes de la pandemia vivíamos si no agobiados, al menos con una sensación permanente de crisis por la cantidad de conflictos políticos y sociales, que además podemos seguir en tiempo real, y los vaivenes de la economía local y mundial y su alteración en el bienestar ciudadano, casi siempre para mal, este año cuesta explicar los frentes abiertos desde que el covid-19 se plantó en nuestras vidas y el consecuente horizonte sombrío que divisa el planeta.
La situación de la inmigración irregular hacia las Islas Canarias es insostenible. En este diagnóstico estamos de acuerdo todos en el archipiélago, pero no ahora, a la vista de los flujos de embarcaciones y personas a los que estamos asistiendo en esta temporada, sino hace ya mucho tiempo, desgraciadamente. En lo que discrepamos con algunos es en el significado profundo del problema y en la manera de afrontarlo, porque rechazamos el racismo y la xenofobia. Pero, de lo que no cabe duda es que la Unión Europea tiene que implementar con urgencia una política común de fronteras y acogida de inmigrantes presidida por el respeto a los derechos humanos.
La problemática de la inmigración sin control no es nueva ni en Lanzarote ni en Canarias y, por tanto, no ahondaré en la cronología de la misma (pueden consultar el balance que, recientemente, hizo con bastante acierto mi compañera y secretaria general Migdalia Machín: https://cclanzarote.wordpress.com/2020/09/07/ruta-atlantica-africana); pero es indudable que el Estado debe atender de manera inmediata la que es su responsabilidad y competencia directa si realmente quiere evitar una situación que ya es del todo insostenible porque el problema de la inmigración no será nuevo, pero las circunstancias socio-económicas derivadas de la crisis del Covid-19 sí que lo son y, por tanto, estamos ante un polvorín social de imprevisibles consecuencias por la alarma que se está creando en toda Canarias ante la pésima gestión del problema por parte del gobierno central sin que podamos prever, con la bonanza del mar en estas fechas, cuántas personas continuarán arribando a nuestras costas en las próximas semanas.
En su discurso de investidura, Adán Martín nos decía que nuestro progreso y desarrollo habían provocado un elevado crecimiento de la población y, a la vez, un aumento de la inmigración. Recuerdo al ex presidente de Canarias porque durante su legislatura se vivió el punto álgido de la inmigración en el Archipiélago. La ruta atlántica/africana hizo que en el año 2006 llegaran a nuestras Islas 33.000 inmigrantes.
"Que lo convoque"; fue lo que PSOE de Lanzarote, resto de partidos políticos, Fundación César Manrique, sindicatos, asociaciones de vecinos y colectivos sociales le reclamaron a Dimas Martín, entonces presidente del Cabildo de Lanzarote, en agosto de 2003.
La Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes ha sido un ejemplo alarmante de la falta de liderazgo y de medidas concretas entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
Oriundo del caribeño territorio de La Guajira, en el norte más norte de Colombia, pero profundamente enamorado de la ciudad de Barranquilla, también bañada por el Mar Caribe, a Lácides Mengual Alarcón lo recuerdo como el “mejor” profesor de mi época de estudiante de secundaria. Así me nació decírselo a uno de sus hijos, y no por quedar bien, en el sepelio del maestro después de algunos años de haber finalizado mis estudios de bachillerato. Admito que el título honorífico de “mejor” es una percepción tan subjetiva como personal, pese a que coincide con la opinión de varios compañeros de clases.
Los datos de contagios por coronavirus son preocupantes, por lo que las cosas no van bien en Lanzarote, en las Islas Canarias y en el conjunto del Estado. Y como volver a decretar un confinamiento puro y duro, como el que ya vivimos, no entra en los planes del Gobierno por ahora, no nos queda otra alternativa que aprender convivir con el coronavirus, aunque extremando mucho más las medidas higiénico-sanitarias y apelando todavía más a la responsabilidad personal. Este es el escenario que tenemos por delante a un par de semanas vista del comienzo del otoño.
El regreso a clases en septiembre pasó este año de ser un hecho rutinario de albor de otoño a un sobresalto que inquieta, y mucho, a todos los miembros de la comunidad educativa, por supuesto, a nosotros, madres y padres de alumnos. Así como el nuevo coronavirus desenmascaró sonrojantes miserias a nivel mundial en países donde la propaganda se encargaba de vender poderío y riquezas, la pandemia también ha sacudido los cimientos de la vieja normalidad educativa.