Opinión

Este treinta y uno de octubre, Lanzarote se convirtió en la primera isla europea en lograr el galardón Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La no ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no es una mera cuestión administrativa, supone cerrar de un portazo una ventana vital de oportunidades para transformar la realidad social y la de las personas que participan en los distintos proyectos que se desarrollan bajo este Pacto. Son cientos de mujeres, hombres, adolescentes que dependen de programas que venían funcionando en años anteriores y que este año 2025 no se van a poner en marcha por la incapacidad de gestión del Gobierno de CC-PP. En Canarias, con la alta prevalencia de la violencia machista, la parálisis de estos fondos no es un simple retraso burocrático, es una grave irresponsabilidad política con graves consecuencias para las tan necesarias política de atención, prevención y sensibilización frente a la violencia de género.

Aumentar la inversión educativa no es solo una cuestión de justicia o de compromiso político, es ante todo un mandato legal. Mandato que nació inspirado en el Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias que dio paso a la aprobación de la Ley Canaria de Educación en 2014, y que surgió de la participación y el consenso, que estableció una hoja de ruta para la mejora del sistema educativo de las islas. No podemos olvidar que la Ley es aprobada e inspirada a través de una Iniciativa Legislativa Popular, que le incorpora una mayor dosis si cabe de democracia y participación.

Pablo Motos - entre otros muchos- describió con claridad en el programa de televisión El Hormiguero la encrucijada en la que se encontraba  Pedro Sánchez cuando saltó la trama de corrupción que afecta al PSOE y sacude al país: “Si sabía lo que estaba ocurriendo en su partido y no hizo nada, es cómplice; y si no lo sabía, es un auténtico incompetente”.

En Madrid, la universidad pública más grande del país, la Complutense, ha tenido que pedir un préstamo para poder pagar las nóminas. No es una anécdota: es la prueba de un modelo que se tambalea. Un sistema que habla de modernización, pero donde la palabra que falta siempre es inversión.

Este fin de semana, el puerto de Los Mármoles fue escenario de dos relatos opuestos sobre la dignidad humana. Mientras el barco Open Arms concluía su misión humanitaria en aguas de Lanzarote, Santiago Abascal elegía el mismo lugar para exigir que se "confisquen y hundan los barcos de los nuevos negreros".

Repasando el conjunto de sondeos electorales a nivel estatal publicados en los últimos meses se dibuja un panorama que presenta algunas certezas y, asimismo, numerosas incertidumbres. Los datos muestran un PSOE que resiste e incluso sube ligeramente tras el importante retroceso experimentado a comienzos del verano. Un PP que pierde paulatinamente fuerza y al que le sigue comiendo terreno la ultraderecha. Un mantenimiento de los nacionalistas. Y unas izquierdas que pagarían muy caro en escaños su actual ruptura en dos ofertas electorales en el ámbito estatal.

¿Dónde quedó la defensa del territorio? Decían defender el medio ambiente, el paisaje, la biodiversidad y los ecosistemas.

El exprimer ministro canadiense Jean Chrétien, liberal y no comunista, aireó esta semana que a Trump le importa poco el Estado de derecho, nada nuevo bajo el sol. También dijo que es un personaje que no durará para siempre en la presidencia, otra obviedad. Lo cierto es que las palabras de Chrétien explicitan su deseo, como el de muchos, que se largue rápido. 

Hay personas que no necesitan levantar la voz para hacerse oír. Basta con que permanezcan firmes, como las rocas que resisten el embate de las olas, para recordarnos que la dignidad también puede tener forma de silencio.