La misma semana que cuarenta ciudades españolas se movilizaron masivamente por el derecho a la vivienda, tuvimos que soportar hechos del acontecer diario que parecen esas piezas cortas de teatro, con tintes burlescos, que antiguamente salían a escena entreactos o al finalizar las comedias, las llamadas mojigangas, interpretadas por personajes pintorescos y extravagantes.
El modo de hacer política de CC y su Gobierno tiene sus referentes y sus consolidadas prácticas. Entre ellas, la mala gestión, como acabamos de ver con los 1.329 millones de euros presupuestados que la Comunidad Canaria dejó de gastar en el año 2024; lo que supone el peor porcentaje de ejecución de los últimos doce años. O, también, los 537 millones de superávit del mismo ejercicio (el triple de lo que tenían previsto en las cuentas públicas) que irán obligatoriamente al pago de la deuda y no podrán ser usados para financiar los servicios públicos, la vivienda o las inversiones; eso sí, con un Gobierno que aumentó el 30% sus asesores y altos cargos. Otra característica diferenciadora es la incapacidad para afrontar decisiones que corresponden al ámbito competencial del autogobierno y, paralelamente, el hábito de despejar el balón hacia el campo de otras administraciones sea la estatal o la de la Unión Europea. El más reciente ejemplo lo encontramos en el papel del Ejecutivo respecto a las medidas para afrontar el reto demográfico en las Islas.
Los empleados públicos de toda España nos sentimos rehenes de un Gobierno que no tiene intención alguna de presentar Presupuestos. Nos vemos obligados en CSIF, como no podía ser de otra manera, a empezar el 4 de abril una serie de movilizaciones que tendrán lugar en todas las capitales de provincia. En Canarias las concentraciones se celebrarán a las 11 de la mañana ante la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y ante la Subdelegación de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, si el tiempo no lo impide. La paciencia se nos acaba.
Una sesión plenaria del Cabildo de Lanzarote es prueba suficiente para saber de qué va la política insular. Vale la última. No hace falta más. Es un verdadero circo, donde si acaso sobran payasos y se echa en falta equilibrista del buen gusto, del buen gobierno, capaz de hacer piruetas bonitas ante las más que evidentes muestras de peligros sociales y quiebros demagógicos. Hacía tiempo que no perdía toda una mañana viendo como los 23 consejeros que conforman el plenario insular escenifican sus miserias con toda impunidad. En realidad, la mayoría permanece en silencio, riéndoles las gracias a los de la bancada propia cuando toca y jugando con el móvil, como si la realidad estuviera allí adentro y no aquí afuera.
En las últimas semanas se han vuelto a encender las alarmas en el ámbito universitario. La proliferación de universidades privadas supone ya una amenaza real para el sistema público. Y lo que es peor: está sucediendo con la complicidad de algunos gobiernos autonómicos. En Canarias lo sabemos bien.
La Unión Europea cuenta con una población aproximada de 448 millones de habitantes, si añadimos Reino Unido, asciende a unos 514. El censo de EEUU suma 340 millones y Rusia recuenta unos 150. Europa es considerada como el primer mundo, social, económico y tecnológicamente desarrollado. No parece lógico que el pilar de la seguridad o defensa europea sea un país de otro continente, con menos población, aunque tecnológicamente más avanzado (EEUU). Sobre todo, cuando la amenaza parte de un país vecino (Rusia), con menos población y en decadencia.
Tanto tienes, tanto vales. Mientras el Planeta debate sobre el fenómeno de la movilidad humana y dirigentes de derecha y derecha ultra apuestan por la política de cañonazos a la inmigración, uno de ellos, Donald Trump, va y saca de su chistera la tarjeta de crédito súper gold como moneda de cambio al sueño americano por la módica suma de 5 millones de dólares, lo que cuesta la residencia legal en Estados Unidos para el que la quiera ya.
Noto que me estoy haciendo mayor en que, ahora, cuando voy a un restaurante, lo primero que visito es el baño. Hasta hace poco, la urgencia era acomodarme en la mejor mesa, pedir mi vino predilecto y disfrutar de la comida y de la sobremesa. A medida que iban las botellas vaciándose, tanto las de vino como las de agua, me empezaba a interesar por descubrir cuál de los machangos pintados en las puertas de los retretes correspondía a los usuarios machos o a las usuarias hembras. Iba, meaba y me volvía a la mesa, después de enjabonarme las manos, sin fijarme mucho en los detalles. Había algunas veces que entraba al baño, de un restaurante de los calificados como bueno, y el suelo parecía sacado del barranco del Poyo en los peores momentos de la inundación valenciana. Ni tenía papel higiénico ni el anterior usuario se percató de que el que la hace la paga tirando por la cadena.
Pasamos del “nunca es tarde para estudiar”, frase que escuchamos desde niños y que sigue estando muy vigente, a completar esta consigna con la necesidad imperiosa no solo de formarnos, sino de actualizarnos para sobrevivir a los cambios que agitan la vida sin parar. Aquí sobrevuela la amenaza de nuestra exclusión del mercado laboral, sin conocimientos, sin progreso de habilidades y competencias.
España enfrenta una crisis sin precedentes con la ocupación ilegal de viviendas, un problema que no deja de crecer desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. Su Gobierno, apoyado por Podemos y Sumar, ha puesto más trabas a los propietarios que a los okupas, generando una sensación de inseguridad y descontrol en miles de ciudadanos.